La experta recuerda que los planes de gestión que está previsto tramitar en los próximos meses deben cumplir los requisitos exigidos por la normativa europea.
Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo, ha advertido sobre de las posibles consecuencias económicas negativas que acarrea el expediente abierto a España por la Comisión Europea. Unas consecuencias que "han de responder, por supuesto, quienes en el ámbito de sus competencias han hecho las cosas mal o se han saltado las normas legales, que exigen el cumplimiento de determinados procedimientos y garantías para el ciudadano", ha asegurado la abogada.
"La consecuencia de un expediente de infracción podría ser la exigencia de devolución de las ayudas ya percibidas, o la negación o reducción de las futuras", ha señalado el gabinete de abogados. El expediente abierto, después de una "carta de emplazamiento" enviada por la Comisión Europea al Ministerio de Asuntos Exteriores, también abre la posibilidad de una sanción económica.
Ante la aprobación del Plan Director para la implantación y gestión de Red Natura 2000 en Castilla y León, segunda Comunidad Autónoma de España que mayor superficie aporta a Red Natura, Pilar Martínez ha recordado que los instrumentos de gestión que está previsto tramitar en los próximos meses deben cumplir los requisitos exigidos por la normativa europea. Ha incidido además en que son muchos los incumplimientos que se han producido y se siguen produciendo en la elaboración de estos planes, su definición territorial, el análisis de las necesidades reales de conservación o la repercusión para el desarrollo de la zona.
"En la mayoría de estos planes se hace recaer exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares la carga de la conservación, mientras que las ayudas y subvenciones que han venido de Europa, se reparten entre los movimientos ecologistas", ha manifestado la abogada, añadiendo que "es evidente que el primer coste de la conservación es el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad y a fin de contribuir a la defensa del interés público de la conservación, ven restringido hasta límites inimaginables el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños, llegando incluso a impedirles la libre circulación por sus fincas, muchas de las cuales, constituyen el único medio de vida y sustento de los afectados y sus familias".
Con 20 años de experiencia de Derecho Medioambiental, la letrada ha incidido en que la Directiva Hábitat no solo establece unos criterios de conservación, sino que también exige la previsión de alternativas y planes de desarrollo sostenible para las zonas a las que afecta. "La desgraciada realidad es que tales planes de desarrollo sostenible no existen o, en caso de existir, no pasan de ser mera retórica de futuribles que, hasta el momento no han llegado a producirse".
Finalmente, la letrada ha destacado que la coordinación de ambos ambos intereses, la conservación necesaria y el imprescindible desarrollo y crecimiento de los pueblos "requiere un examen profundo y riguroso de las necesidades en ambos aspectos, lo que no se ha hecho hasta ahora". En este sentido, ha sumado también las decisiones "poco reflexivas en materia conservacionista, imponiendo muy serias restricciones, pueden suponer la condena al subdesarrollo y abandono de la población rural en un amplio territorio español y esto no es lo que propone la Directiva Hábitat".