Afirman que Somacyl se comprometió a devolver los terrenos a Caja Duero de no cumplirse los plazos en las obras del actual Parque Empresarial del Medio Ambiente.
La agrupación ecologista soriana ASDEN ha señalado este martes que la redacción, elaboración, aprobación, construcción y urbanización del Proyecto Ciudad del Medioambiente de Soria "ha estado plagada de anomalías y contradictorios procedimientos jurídicos y actuaciones administrativas, algunos de difícil justificación política, económica y social; existiendo incluso sentencias que lo han puesto en evidencia".
Unas afirmaciones que vienen avaladas por lo que el colectivo considera que ha habido "falta de transparencia por parte de la Junta, y su denegación al acceso a información incluso en sede parlamentaria autonómica".
Así, han asegurado que el Ejecutivo regional ha tenido "un especial interés en mantener el secreto la compra venta del Soto de Garray a Caja Duero". El coste, "según el momento y el medio que se consulte" ha sido de 3 a 6 millones de euros, han cuantificado los ecologistas, quienes por otra parte han recordado haberse dirigido en varias ocasiones a la Junta para conocer esta operación económica "sin obtener una respuesta".
En sus investigaciones, el colectivo ha confesado conocer "los motivos que han llevado a la Junta a ocultar las características y condiciones de tal compraventa" y en la que figura la empresa pública Somacyl. Así, han reseñado que en el Registro de la Propiedad consta que en un primer momento Caja Duero vendió su participación del 93% en la propiedad del Soto de Garray "con unas peculiares condiciones".
Condiciones que han desvelado literalmente y que apuntan a que "la venta efectuada en la escritura autorizada el quince de Diciembre de 2008, por el notario de Valladolid don Manuel Segardia Navarro, quedará resulta de pleno derecho, y la Entidad Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) recuperará el pleno dominio de la participación indivisa transmitida en los siguientes supuestos concordantes con las obligaciones y condicionantes de la cláusula cuarta".
Una cláusula en la que aparecen varios puntos para dar marcha atrás en el proyecto. Así en el primero de ellos se dice que "Si no se iniciaran las obras de urbanización de la CMA dentro del los veinticuatro meses siguientes a la fecha de la escritura referida", mientras que en el segundo se dice que "En caso de que no se culminaran las obras de urbanización de la CMA o su recepción por las entidades públicas correspondientes en el plazo de cuarenta y ocho meses siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura citada".
En este mismo capítulo de cláusulas se reseña también que "Si no se hubiera completado la promoción de la CMA conforme a lo establecido en el Proyecto Regional, dentro de los siete años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura mencionada".
Y por último, se indica que "o cuando, en general, se apreciaran divergencias significativas en la promoción de la CMA, respecto de los términos y con las características establecidas en el Proyecto Regional del ámbito territorial aprobado, y conforme a su Estudio Económico Financiero existente al día 24/01/2008. El Somacyl se obligara a poner en conocimiento puntual de Caja Duero cualquier modificación de dicho estudio Económico Financiero así como de las características que quiera introducir en el Proyecto, así como a mantener puntualmente informada a Caja Duero sobre las fechas de iniciación y conclusión de los trabajos de urbanización, la recepción de las obras de urbanización, en general, del grado de avance en el desarrollo del Proyecto, al objeto de permitir la supervisión del acaecimiento de las circunstancias que desencadenan el derecho a resolver lo aquí establecido".
Todas estas cláusulas dan a la entidad de crédito "carácter potestativo" para actuar en el caso en el que no se hubieren cumplido los plazos.
En resumen, y para los ecologistas, "los terrenos del Soto de Garray y todo lo construido, urbanizado o instalado en el mismo, volvería a la propiedad de Caja Duero en el caso de que no se cumplieran los plazos o características de construcción de la CMA, en función de los intereses de la entidad financiera". De hecho, han observado que al no haberse cumplido el plazo de conclusión de las obras, los terrenos urbanizados "en los que la administración autonómica ya ha invertido decenas de millones de euros deberían ser ya propiedad de Caja Duero, si no fuera porque, como más tarde se explica, se cambiaron estas condiciones resolutorias ante la posibilidad real de que esto podía ocurrir".
En su análisis, en ASDEN califican estas condiciones como "sorprendentes e impropias" las cuales además "no deberían ser aceptadas por una entidad o autoridad pública, sobre todo cuando tal documento presuntamente debería haber pasado por la supervisión de interventores, letrados y funcionarios de deberían haber informado sobre lo anómalo de tales condiciones que serían probablemente incumplidas".
En este sentido, han recordado que en aquellas fechas "ya estaba presentado y aceptado a trámite el recurso de inconstitucionalidad" por lo cual "era previsible" que dicho contrato de compraventa "generase negativas consecuencias para el erario público". Además, han sumado que tal contrato "debió estar sometido a algún tipo de supervisión por los órganos de gobierno, administración y control de Caja Duero, de los que formaban parte varios representantes sociales y autoridades públicas. Una vez más las medidas de control fallaron".
Así, y ante una situación por unas condiciones que "no han llegado a ejecutarse", han aducido además que "posteriormente se modificó la inscripción en el Registro de la Propiedad, eliminado del mismo estas cargas y condiciones a favor de Caja Duero por motivos que desconocemos". Algo que los ecologistas consideran que "ha sido razonable y beneficioso para los intereses públicos, pero es contradictorio con los intereses económicos de una entidad privada, como era Caja Duero, que en tal momento estaba inmersa en una grave crisis financiera y proceso de fusión con Caja España".
Con todo, los denunciantes han afirmado desconocer si existen responsabilidades penales o jurídicas en las "curiosas condiciones" de compraventa que quedaron anotadas en el Registro de la Propiedad "y que no han llegado a hacerse efectivas, pero no desestimamos que pueda haber alguna persona física o jurídica que pueda presentar una demanda por verse perjudicada por la pérdida de derechos de Caja Duero". Aquí han exigido a la Junta a "hacer efectiva la transparencia de la que hace gala, ser consecuente y dar explicaciones y en su caso asumir las responsabilidades políticas por las anómalas y perjudiciales condiciones que figuraban en el registro de la propiedad en la transacción del año 2008".