La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha estado hoy en Soria para presentar los resultados en la legislatura. El presupuesto global ha ascendido a 3.200 millones de euros, y el gasto medio por persona y año ha sido en Castilla y León superior al resto del país.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha realizado hoy un balance en Soria de las políticas sociales desarrolladas por la Junta de Castilla y León en una legislatura marcada profundamente por la dureza de la crisis económica. En ese difícil contexto, la Junta se fijó como meta garantizar a cada persona una respuesta única que atienda todas sus necesidades.
Marcos ha estado acompañada por la presidenta del Partido Popular en Soria, y candidata a las Cortes Regionales por el PP, Marimar Angulo, y otros representantes del partido.
Cuatro años después, con un presupuesto de 3.200 millones de euros y un gasto medio por persona y año superior a la media del país, el Gobierno autonómico se ha esforzado en crear herramientas y servicios para responder a las nuevas necesidades que surgieron como consecuencia de la crisis económica; en garantizar los niveles de atención directa a las personas, acercando los recursos, flexibilizando el acceso, incrementando coberturas y prestaciones, y en apoyar a los jóvenes y la conciliación de la vida familiar y laboral. En total, las políticas sociales de la Junta han logrado dar una respuesta individual y profesional a 700.000 castellanos y leoneses.
Para la consejera, las políticas sociales son, por tanto, una garantía de atención en Castilla y León, pero también una oportunidad de futuro, como lo demuestra el hecho de que durante la legislatura se hayan promovido 7.000 nuevos puestos de trabajo, lo que supone que el sector de Servicios Sociales aglutina a un total de 42.000 profesionales, empleo especialmente femenino y en el medio rural.
Milagros Marcos, que ha agradecido el esfuerzo de coordinación realizado por las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector, ha destacado como clave el modelo de colaboración pública, reconocido a nivel nacional. A 462 millones de euros asciende la financiación que ha destinado la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y diputaciones para desarrollar las políticas sociales. En este sentido, la consejera ha recordado que la Junta ha decidido incrementar en un 10 % la financiación a las corporaciones locales (193,6 millones de euros) en 2015 y 2016, con lo que podrán aumentar la plantilla de los Centros de Acción Social en 120 trabajadores. En total, los 189 CEAS repartidos por la Comunidad para garantizar la proximidad con los ciudadanos cuentan con 1.124 trabajadores.
Apuesta por la coordinación y compromiso también con el medio rural. Prueba de ello es que el 60 % de las prestaciones se han destinado a personas que viven en el medio rural y que allí se ubica el 60 % de los centros.
La Red de Protección a las Familias, donde se enmarca la Red Centinela de Alerta Infantil, ha puesto la mirada en todas las familias de la Comunidad con necesidades, pero sobre todo ha incidido en proporcionar servicios y prestaciones a aquellos hogares con niños. Estas actuaciones han contribuido a que las situaciones de riesgo de las familias desfavorecidas con hijos no se tornen más graves, como lo demuestra el hecho de que la Comunidad sea una de las autonomías con menor porcentaje de menores con privación material severa (el 1,1 %).
La atención y protección de los más pequeños ha sido, por tanto, una constante en las actuaciones de la Junta. Uno de los primeros pasos fue la firma del Pacto Autonómico por los Derechos de la Infancia para visibilizar, promover e impulsar los derechos de los más de 370.000 menores que viven en Castilla y León, en especial de los más vulnerables. Cada año, las políticas de la Junta han beneficiado a 40.000 menores, ya sea con medidas de prevención, atención o difusión de derechos. De ellos, 8.000 menores fueron atendidos por el sistema de protección de Castilla y León.
A pesar de las difíciles circunstancias económicas, la consejera ha explicado como la Junta de Castilla y León ha logrado garantizar el nivel de atención a las personas, en especial a las personas en situación de Dependencia, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a los niños, a las víctimas de violencia de género y a las personas que sufren algún tipo de drogodependencia.
Lejos de conformarse con los siete sobresalientes consecutivos otorgados por los expertos a la Comunidad en aplicación de la Ley de Dependencia, Marcos ha señalado que el Ejecutivo Autonómico ha adoptado "decisiones estratégicas", con el respaldo del Diálogo Social y el Tercer Sector, que han supuesto considerables avances en relación a la Ley nacional. Todo con la meta de lograr que cada persona reciba la atención que necesita de forma ágil, flexible y profesional, y adecuada a su situación y a sus circunstancias cambiantes.
Marcos ha puesto como ejemplo de estos avances la flexibilización en el acceso a las prestaciones, la ampliación de las compatibilidades y el incremento de las ayudas para garantizar capacidad económica suficiente para que los usuarios puedan acceder a un servicio. Así, aumentó hasta en un 75 % las cuantías máximas destinadas a los cuidados profesionales y ha restituido, al primer atisbo de recuperación económica, el apoyo que se prestaba antes de la crisis a las personas que reciben cuidados familiares.
Todo ello ha permitido, entre otras cuestiones, que todas las personas dependientes puedan recibir más de una prestación de forma simultánea y cambiarla mes a mes (dos ayudas profesionales al mismo tiempo o ayuda familiar más profesional) y, por lo tanto, que una persona dependiente pueda percibir una cuantía superior a la de antes de la crisis.
Las personas mayores de Castilla y León han visto incrementada la oferta de plazas residenciales. Hasta 2.700 nuevas plazas ?el 95 % en el medio rural- se han creado en esta legislatura, alcanzando las 45.425 en total. La Comunidad revalida así su posición de liderazgo en España en dotación de plazas residenciales. Dispone de una cobertura del 7,67 %, tres puntos más que la media del país y muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifrada en cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años. Esto supone que "todas las personas mayores que lo necesiten tienen una plaza residencial en Castilla y León", ha afirmado Marcos, quien ha añadido que el 100% de las personas dependientes que necesiten una plaza residencial cuentan con financiación pública.
La Junta ha ideado durante esta legislatura un nuevo modelo de atención a las personas mayores, pero también un nuevo modelo de prevención, con la puesta en marcha del Programa Integral de Envejecimiento Activo, con la colaboración de las corporaciones locales y con profesionales del sistema público. Ya son más de 300.000 los socios del 'Club de los 60', 72.000 más que al inicio de la legislatura.
La Junta apuesta por la atención, pero también por la inserción laboral. La meta es facilitar a las personas con alguna discapacidad todos los apoyos necesarios en cada momento para lograr el salto al mercado laboral como principal medida de integración. Para ello, diseñó una carrera profesional para las personas con discapacidad. 2.000 personas participaron en esos itinerarios laborales que abarcan desde la formación, hasta el desempleo profesional, y que han contado con un presupuesto de 7,5 millones de euros.
Las políticas de atención a las personas con problemas de drogadicción y de sensibilización contra los riesgos que supone el consumo de drogas ha contado con un presupuesto de 6 millones de euros.
En prevención, se ha promovido que 17.500 escolares participen al año en programas de prevención de drogas en los centros educativos y está llevando el mensaje de tolerancia cero al consumo de estas sustancias a 9.000 jóvenes en actividades de ocio y extraescolares. En paralelo, ha trabajado con 3.000 familias anualmente, desarrollando programas de ámbito universal, selectivo e indicado.
El Gobierno regional ha centrado sus esfuerzos también en que ninguna víctima de violencia de género se encuentre sola. Y, para ello, diseñó el modelo 'Objetivo Violencia Cero', único en España, que pretende proporcionar a la víctima atención integral desde el minuto cero y ofrecerla apoyo, acompañamiento y atención antes, durante y después de la denuncia.
En el ámbito laboral, durante esta legislatura prestó asesoramiento a empresas para la implantación de planes de Igualdad. El resultado: un total de 228 empresas de Castilla y León han implantado planes de igualdad, se han adoptado 903 medidas de igualdad, más de 1.000 empresas han sido asesoradas y más de 300 convenios se han negociado con el fin de incorporar medidas para la igualdad.
La importancia que otorga la Junta a la conciliación de la vida se concreta en su apoyo a la creación de nuevas plazas para niños de 0 a 3 años. Durante esta legislatura se han creado 4.000 nuevas plazas, llegando así a las 34.000 plazas totales repartidas en 832 centros (el 54,4 % en el medio rural).
El Gobierno autonómico, además, ha puesto en marcha un sistema de información y asesoramiento para que los jóvenes se inscriban en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que les abra las puertas al mercado laboral. Desde su puesta en marcha, ha asesorado a 4.500 jóvenes.
Toda esa información aparece recogida en la Plataforma de Información Permanente, creada por la Junta como un sistema para que los jóvenes dispongan de información actualizada, pero también como una fórmula de participación y de interacción con la Administración. Solo durante el pasado año se contabilizaron 425.000 accesos.