El sindicato no sólo reclama el abandono total de la privatización del Registro Civil, sino también la derogación de la ley 20/2011, para que este servicio permanezca en el ámbito de la administración de Justicia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha exigido este martes claridad al Ministerio de Justicia, tras anunciar la paralización de la privatización del Registro Civil, porque todavía quedan "muchas dudas sobre sus intenciones, cabos sueltos sobre cuestiones que son importantes".
Así, en la agrupación sindical han reclamado que Ministerio de Justicia debe explicar qué significa "sacar el Registro Civil fuera del ámbito judicial", tal y como ha señalado. "No se puede abrir un proceso de diálogo si ya se excluye, de primeras, la propuesta defendida por CSIF de un Registro Civil gestionado por funcionarios de Justicia".
En este sentido, han instado al departamento a comunicar la duración de la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, y cuándo se hará efectiva la prórroga o la derogación en el BOE. No obstante, más que una prórroga de la entrada en vigor de la ley, CSIF defenderá la derogación de la Ley 20/2011, puesto que esta ley también saca el registro civil de la Administración de Justicia. "Es el mejor camino para poder negociar sin ningún tipo de presión ni posición predeterminada", han insistido.
"El Ministerio de Justicia debe comunicar si deroga o no las disposiciones del RDL 8/2014 y de la Ley 18/2014, relativas al Registro Civil y a su entrega a los registradores", han indicado, añadiendo que el departamento debe también explicar cuándo se hará efectiva esta derogación. Para CSI-F, este dato es decisivo para saber "si estamos ante un mero aplazamiento, quizá estratégico a la espera de tiempos mejores, o ante el abandono definitivo y total de la privatización del Registro Civil que es nuestro objetivo". Finalmente, el Ministerio de Justicia debe aclarar qué plazo baraja, si lo tiene previsto, "para negociar el futuro modelo del servicio".
En el sindicato han valorado como "un primer paso" el anuncio de la paralización de la privatización, pero esperan que esa paralización sea definitiva, "y no una estrategia del Ministerio para ganar tiempo, ante una privatización que nadie desea, para garantizar la calidad del servicio y porque al ciudadano le costará dinero".