CSIF considera que el Gobierno debería impulsar un plan de recursos humanos para analizar las necesidades de personal en los diferentes ámbitos, y reforzar las plantillas con contratos de calidad en aquellas áreas de las administraciones públicas que sea necesario.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el plan para reducir la temporalidad en las empresas públicas anunciado por el Ministro de Hacienda es insuficiente y discrimina a sectores fundamentales como la Sanidad y la Educación, que acusan tasas de interinidad inaceptables para los niveles exigibles de calidad de estos servicios.
CSIF considera que el Gobierno debería impulsar un plan de recursos humanos para analizar las necesidades de personal en los diferentes ámbitos, y reforzar las plantillas con contratos de calidad en aquellas áreas de las administraciones públicas que sea necesario. La temporalidad en el conjunto de la Administración se sitúa en torno al 25 por ciento, pero en algunos ámbitos como en la Sanidad, la práctica totalidad de los contratos que se han producido desde el comienzo de la crisis son interinos, por la ausencia de ofertas públicas de empleo.
Por otra parte, en el ámbito estricto de las empresas públicas, el Gobierno debería cumplir la Ley y convertir en contratos fijos todos aquellos que en un periodo de 30 meses hayan estado contratados durante un plazo superior de 24 meses.
En la actualidad, no se cumple esta premisa en empresas como Tragsa-Tragsatec, donde CSIF ha presentado numerosas denuncias. "Los tribunales nos están dando la razón y pese a la negativa del Gobierno, las empresas se han visto obligadas a crear una nueva categoría de personal 'Indefinido no fijo', que ha ganado su plaza por la situación de fraude de Ley", explica el sindicato independiente.
Por otra parte, se da la circunstancia de que los contratos temporales en la administración sufren una discriminación respecto al sector privado ya que, mientras en este último las extinciones llevan consigo una indemnización de 12 dias por año trabajado, en el ámbito público no existe ninguna contraprestación económica.