El sindicato insta a constituir, "cuanto antes" la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo, también para otros organismos autónomos y que afecta a unos 17.000 trabajadores.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha instado a la Junta de Castilla y León a constituir, "cuanto antes", la mesa negociadora de un nuevo convenio colectivo para el personal laboral y otros organismos autónomos, que afecta a unos 17.000 trabajadores y cuya vigencia finaliza este mes de julio. CSI-F ya lo ha denunciado y su posición inicial "es clara. La situación económica parece que ha mejorado, y esto tiene que verse reflejado en el nuevo convenio con mejoras. Si en el ámbito de la empresa privada se ha llegado al acuerdo de un incremento salarial del 1%, en el sector público no tiene que ser menos".
Así lo ha afirmado este miércoles el responsable del sector de la administración general de la Junta en CSIF- Castilla y León, Mariano Prieto, quien ha recordado que "ya advertimos que la firma del actual convenio de laborales lo considerábamos un periodo de tránsito, ante la situación económica de crisis". Así, en la agrupación sindical pretenden ahora "un convenio de laborales que recupere derechos perdidos y negociar propuestas que habían quedado pendientes, relativas a la actualización de complementos, la supresión de diferencias respecto a los funcionarios, o aclaraciones de funciones solicitadas por los empleados a la comisión paritaria".
Entre esas propuestas pendientes está la recuperación de las 35 horas; la reclasificación de los empleados laborales en cuatro grupos; la recuperación de la parte de paga extra de 2012 que aún se debe, la subida de varios complementos, y la recuperación del 5% del salario que se quitó en 2010,
Asimismo, han reivindicado la carrera profesional y la productividad fija, calendarios que recojan la 'solapación' o un tiempo de aseo para puestos con riesgos biológicos, un cómputo de horas ponderado como el que se aplica en el SACyL, o el establecimiento de nuevas áreas funcionales.
Prieto ha explicado que la denuncia del convenio de laborales, realizada el pasado 4 de mayo, se lleva a cabo tras consultar a los trabajadores, puesto que CSI-F ya había dicho a sus afiliados y simpatizantes "que el convenio que ahora vence era un acuerdo transitorio, por lo que hemos actuado con coherencia".
De igual modo, han pedido a la administración regional que "sea sensible a esta nueva negociación, y considere la aceptación de una subida salarial merecida, después de tanto recorte y tanto castigo que han sufrido los empleados públicos en estos últimos años".
El convenio afecta a unos 17.000 trabajadores laborales de la administración regional, que abarcan todos los sectores, como educación, sanidad, administración general o servicios sociales, entre otros. Prieto ha señalado que otros sindicatos todavía no han denunciado este convenio, pero confía "que se sumen a nuestras peticiones". Según CSI-F, el futuro convenio de laborales de la Junta tendrá un efecto arrastre, "porque sirve de referencia para muchos ayuntamientos".