El borrador que prepara el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente eximiría de la obligación a la mitad de las superficies de la provincia.
Desde este año 2015, la normativa que regula las nuevas ayudas de la PAC en España obliga a todos los agricultores y ganaderos a declarar el DNI, o el CIF, de arrendadores, propietarios, aparceros o cedentes de las tierras.
Esta obligación legal está siendo muy criticada por ASAJA Soria, ya que la organización profesional agraria (OPA) considerar que se trata de una "patada a los propietarios pero en el trasero de los agricultores". Una afirmación que se fundamenta en que la nueva normativa trata de identificar a aquellos propietarios que perciben rentas por el alquiler de sus tierras, "para que tributen por ellas como es debido; pero lo hace tomando como rehenes las ayudas de la PAC de los agricultores para que, a la fuerza, no nos quede más opción que hacer de chivos expiatorios declarando quién percibe ingresos por la renta de las tierras".
La organización agraria protestó ante las administraciones implicadas en este asunto, es decir a la autonómica, a la Nacional y, por acuerdo de Junta Directiva Regional, también a la europea. Como se recordará esta reivindicación fue la protagonista de la caseta de ASAJA en la Feria de Muestras de Almazán y que fue inaugurada por el nuevo Director General de Producciones y Mercados Agrarios, y expresidente del FEGA, Fernando Miranda, con quien los asociados a la OPA tuvieron ocasión de hablar.
Esta obligación, "sin precedentes en la PAC", afecta a la provincia de manera "sobresaliente", según ASAJA, ya que Soria "por efecto de la diáspora", es la provincia de España con mayor porcentaje de tierras en alquiler "y por tanto la más afectada".
Además, situaciones como la ralentización de los procesos de concentración parcelaria o los esfuerzos racionales de agricultores para permutar fincas, con el fin de mejorar la competitividad del sector, "o incluso la inexactitud de los datos gráficos de las parcelas en el SIGPAC" (Sistema de Identificación Gráfica de Parcelas Agrícolas), hacen que la declaración de estos datos "ponga en serios aprietos la competitividad de nuestra agricultura".
La OPA acaba de tener acceso al borrador de Real Decreto que prepara el MAGRAMA sobre diversos y complejos asuntos de la nueva PAC de tal modo que retoca, matiza o cambia el Real Decreto básico que ha regulado desde 2015, y se espera lo haga hasta 2019, las ayudas de las PAC.
En este borrador aparece reflejado que "para cada recinto se indicará el régimen de tenencia, es decir, si el mismo es propiedad del solicitante, se explota en régimen de arrendamiento o aparcería, indicando en estos casos, para recintos mayores de una hectárea, el NIF del arrendador o candente aparcero, usufructo o si se trata de una superficie comunal asignada por una autoridad pública gestora de la misma".
Así las cosas, ASAJA estima que la media de la superficie por recinto en la provincia es ligeramente superior a una hectárea, el cambio de la obligación, afectando solo a los recintos mayores de esta medida de superficie "dejaría libres de la obligación a algo más de la mitad de todos los recintos arables de nuestra provincia, lo que sin duda es un avance significativo". También ha sumado que dentro de esta extensión se encuentran buen número de zonas afectadas por algunos de los problemas denunciados como superficies sin concentración, permutas o recintos mal dibujados en el SIGPAC.
La organización profesional agraria, aún valorado el avance que presenta el borrador, sigue considerando "más que insuficiente el avance", y ven innecesaria la obligación para la correcta gestión de las ayudas PAC. En este sentido han destacado que en el capítulo de los pastos, en que existen diferentes sistemas de gestión en las diversas comunidades autónomas, "se requiere que se reconozcan las adjudicaciones que realizan las Juntas Agropecuarias Locales en Castilla y León".