La firma del acuerdo para los cambios en el Estatuto de Autonomía con estos grupos políticos también recoge asuntos regionales tales como ordenación del territorio, financiación autonómica y reindustrialización.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado esta mañana, en la sede de la Presidencia, un acuerdo sobre reforma del Estatuto, ordenación del territorio, financiación autonómica y reindustrialización con los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo; Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca; Grupo Parlamentario Podemos, Pablo Fernández; y Grupo Parlamentario Ciudadanos, Luis Fuentes.
El acuerdo recoge como primer punto el inicio de una reforma del Estatuto de Autonomía. Se centrará, básicamente, en la incorporación del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y la Red de protección a las personas y familias, fijar un suelo de gasto social, fortalecer el papel de las entidades locales como prestadoras de servicios de proximidad, limitación de mandatos de responsables públicos, limitación del número posible de consejeros de la Junta, limitación de aforamientos y limitación de la compatibilidad de los procuradores con la condición de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes.
Los firmantes también suscriben continuar avanzando en el modelo de ordenación territorial surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en en Territorio. De un modo especial, esos avances serán el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, las áreas funcionales estratégicas y el Plan Plurianual de Convergencia Interior.
El tercer apartado del acuerdo rubricado muestra la voluntad de las partes por alcanzar una posición de Comunidad en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica, antes de que se inicien las negociaciones con la Administración General del Estado, y que incluya al menos las características recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Finalmente, la Junta de Castilla y León y los cuatro grupos parlamentarios acuerdan negociar un pacto en torno al objetivo de reindustrialización de la Comunidad, en el marco del Plan Director de Promoción Industrial, de modo que la industria castellana y leonesa alcance un peso del 20 % del PIB en el horizonte del año 2020.