Su Majestad el Rey con el presidente de Castilla y León en la Zarzuela. / Jta.


CASTILLA Y LEóN
Actualizado 24/07/2015 20:19:13

El presidente de la Junta aborda con el monarca los retos de futuro de Castilla y León en una audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela. La cohesión social y garantizar los servicios públicos, ejes de este encuentro institucional que ha tenido como marco la Constitución Española de 1978.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha sido recibido hoy en audiencia por S.M. el Rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, donde ha tenido la oportunidad de trasladar al monarca la situación de la Comunidad y sus retos de futuro. El encuentro se produce tras las elecciones del 24 de mayo y la reciente toma de posesión de Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta de Castilla y León.

Entre las prioridades que se marca el Gobierno autonómico ante la nueva Legislatura están la mejora de la calidad política, consolidar la recuperación y lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad, garantizar los grandes servicios públicos y la cohesión social, así como fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad profundizando en su desarrollo institucional y cohesión territorial.

Según ha trasladado el presidente de la Junta al Rey Felipe VI, estos objetivos se desarrollarán a través de un instrumento esencial en Castilla y León como es el diálogo y el acuerdo, una práctica arraigada en la Comunidad tanto en el ámbito institucional, social y político. Un primer ejemplo de esta voluntad es el reciente acuerdo suscrito entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León para alcanzar una postura de Comunidad en relación con la reforma del Estatuto, la ordenación del territorio, la financiación autonómica y la reindustrialización.

Estos avances y progresos de la Comunidad de Castilla y León se hacen en elel ejercicio de lo que el presidente Herrera considera como autonomismo útil en el marco de la Constitución de 1978, en el que se apuesta por seguir mejorando el Estado autonómico, fórmula de descentralización política perfectamente comparable a las de las más avanzadas naciones democráticas.

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