Se trata de la primera Comunidad en España que firma un convenio con una compañía eléctrica para proteger a los clientes vulnerables.
La Junta de Castilla y León, Iberdrola Clientes y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León han firmado un convenio pionero en España mediante el cual se comprometen a proteger a los clientes de esta empresa en situación de vulnerabilidad. El acuerdo ha sido ratificado esta mañana en Valladolid por Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Francisco Javier Vázquez Requero, presidente de la FRMP de Castilla y León, y Aitor Moso, director general de Iberdrola Clientes. El objeto del convenio es establecer los mecanismos de coordinación necesarios de cara a tratar de evitar la suspensión del suministro eléctrico por impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos o a asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión del mismo.
Desde la Junta de Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, valora la importancia de una iniciativa pionera en España y pensada para dar respuesta a las necesidades básicas de personas y familias, para evitar que a los ciudadanos les corten la luz y esto provoque que no puedan habitar en sus viviendas, algo que agrava aún más la vulnerabilidad de las personas. En este sentido, García valora el nuevo paso dado desde la Junta a la hora de hacer frente a la atención y cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas para que nadie se quede desamparado en situaciones de impagos, ya que con esta iniciativa se valorará la respuesta a cada necesidad. A pesar de que Castilla y León tiene el segundo porcentaje más bajo en pobreza energética de España, según el último informe publicado en mayo por el Centro de Investigaciones Economics form Energy, la Junta da un nuevo paso para que los impagos de los recibos de la luz no se queden sin respuesta. Al mismo tiempo, es destacable la importancia de que la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León se sume a esta iniciativa al representar a ayuntamientos, diputaciones provinciales y otras entidades locales de la Comunidad.
Se trata de una nueva iniciativa que impulsa la Junta encaminada a erradicar la pobreza energética, que completa las actuaciones desarrolladas en esta materia y que se suma a las medidas ya adoptadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. Uno de los programas puestos en marcha por la Junta a través de esta Red de Protección es el de la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, que se concede previa valoración técnica y solicitud de los Servicios Sociales de las Administraciones Locales de Castilla y León. 29.690 personas se beneficiaron de estas ayudas en 2014 con una inversión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de 6,4 millones de euros. Entre necesidades básicas se encuentra el suministro eléctrico de la vivienda habitual y 7.699 personas del total de beneficiarios de estas ayudas de urgencia social fueron beneficiarios de ayudas para sufragar gastos energéticos, aspecto al que la Junta ya destinó más de un millón de euros en 2014.
En este sentido, el informe presentado por Comisiones Obreras a finales de 2014 sobre la situación de los Servicios Sociales en Castilla y León indica que se ha conseguido un cambio sustancial en el contenido de las ayudas de emergencia, que han supuesto alivios en situaciones urgentes y que su homogeneización facilitó el acceso a un mayor número de personas. Este informe reconoce, así mismo, el descenso de la pobreza energética en Castilla y León, coincidiendo con la publicación del Decreto de Ayudas de Emergencia, producto del Acuerdo firmado en el marco del Dialogo Social, en julio de 2012, y que establece ayudas también para necesidades energéticas.
La protección a la que se refiere el convenio firmado es de aplicación a todas aquellas personas que tengan contratado el suministro eléctrico de su vivienda habitual con Iberdrola en Castilla y León y que, previa valoración técnica y solicitud de los Servicios Sociales de las administraciones locales de Castilla y León, puedan ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.
En el marco del convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año y será prorrogable por periodos anuales, Iberdrola Clientes se compromete a no suspender el suministro de electricidad a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión, por parte de las administraciones de la citada prestación económica, que tendrán que destinar a la satisfacción de la deuda derivada de dicho suministro.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León colaborarán con las entidades locales de Castilla y León adoptando cuantas medidas sean precisas para facilitar el desarrollo por parte de éstas de las actuaciones de su competencia relativas a las materias objeto del convenio. Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta y a la FRMP de Castilla y León el asesoramiento en materia de eficiencia energética, la información y la formación que precisen sobre los distintos aspectos relacionados con el objeto del convenio sellado hoy.