De Santiago-Juárez anuncia que comenzarán de forma inmediata los trabajos de reforma del Estatuto de Autonomía para incorporar medidas de política social y fortalecimiento de entidades locales. Además, la Consejería elaborará proyectos de ley que abordarán la regulación de altos cargos, la modificación de la Ley de Gobierno, la atención y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, las unidades básicas de ordenación rurales y la modificación de la Ley de Régimen Local.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha comparecido esta mañana en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para exponer las líneas de trabajo que su departamento desarrollará en esta legislatura. Los principales objetivos y también prioridades que esta consejería se fija para los próximos cuatro años son promover la reforma del Estatuto de Autonomía para introducir avances en materia social, corporaciones locales y calidad de la política; impulsar y hacer seguimiento de las medidas de regeneración democrática y calidad política; seguir consolidando el modelo de Gobierno Abierto con nuevas medidas de transparencia y participación ciudadana; modernizar la Administración e implantar medidas de simplificación administrativa; culminar el modelo de ordenación territorial desarrollándolo especialmente en el medio rural; mejorar la gobernanza y la financiación local en la Comunidad; mejorar y modernizar la Función Pública y continuar desarrollando políticas migratorias y de Cooperación para el Desarrollo.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se propone -y que impulsará la Consejería de la Presidencia, en trabajo conjunto con los grupos parlamentarios- tendrá como planteamiento fundamental introducir en el texto contenidos básicos sobre políticas sociales ?inclusión del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, la Red de Protección a las personas y familias y suelo de gasto social-, el fortalecimiento de las Entidades Locales como prestadoras de servicios de proximidad y nuevas medidas de calidad democrática. De Santiago-Juárez ha propuesto a todos los grupos parlamentarios iniciar esta labor en la segunda quincena de septiembre.
Entre las líneas de trabajo fijadas por el presidente Herrera para esta legislatura se halla el impulso de nuevas normas que lleven a la práctica los principios de cercanía, austeridad y eficiencia de los responsables públicos, aumenten el control de su actividad y fortalezcan la participación social. La Consejería de la Presidencia prevé impulsar a este respecto tres normas con rango de Ley: el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración Autonómica ?que se remitirá a las Cortes en menos de un año y también incluirá a altos directivos del sector público-, la modificación de la Ley de Gobierno y el Anteproyecto de Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo.
De Santiago-Juárez ha anticipado la inminente aprobación de una Acuerdo de Junta por el que se establecerá un código ético, de austeridad y buenas prácticas de sus altos cargos, que posteriormente formará parte de la regulación del desempeño del ejercicio de alto cargo. El titular de la Consejería de la Presidencia también ha recordado ?tal y como anunció el presidente Herrera- que la modificación prevista de la Ley de Gobierno supondrá limitar a ocho años el desempeño del cargo de consejero e incluir la celebración periódica de consejos de dirección de las consejerías fuera de su sede ordinaria, recorriendo la Comunidad y reservando un tiempo para recoger sugerencias y propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales.
El Ejecutivo autonómico implantó en la pasada legislatura un modelo de Gobierno Abierto de referencia y completó la elaboración de una Ley de Transparencia y Participación Ciudadana ?aprobada en marzo de 2015- más exigente que la norma estatal. Ahora, la Consejería de la Presidencia continuará potenciando el Portal de Gobierno Abierto de la Junta con nuevos contenidos: difundirá el Programa de Gobierno, su evolución anual y una evaluación de su cumplimiento y resultados y también, en relación con los servicios públicos, aportará la información estadística necesaria para valorar su calidad y grado de cumplimiento de objetivos.
La transparencia en el área económico-financiera adquirirá un mayor protagonismo. En materia de contratos, además de toda la información que ya se publica desde 2012 -importes de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado, número de licitadores, identidad del adjudicatario, etc.-, antes de finalizar 2015 se ampliará la información referente a los contratos menores; esto es, se ofrecerán cuantías y detalles. La Junta de Castilla y León rendirá cuentas sobre ejecución del Presupuesto, expondrá periódicamente los gastos en publicidad institucional y hará públicas las cuentas anuales que deban rendirse así como los informes de auditoría y fiscalización de los órganos externos de control.
Desde la Consejería de la Presidencia se continuará impulsando la participación ciudadana en la elaboración de anteproyectos de ley, proyectos de decreto, estrategias, planes y programas; continuará el fomento de la reutilización de información pública que permita la creación de servicios de valor añadido y que contribuya al impulso de la actividad económica; y se incrementará el número de conjuntos de datos abiertos puestos a disposición de la ciudadanía. Además, en los próximos meses la Junta habilitará una aplicación móvil que facilitará a los ciudadanos acceder a todas estas informaciones y a las utilidades de Gobierno Abierto y Comunicación. También se potenciará la iniciativa "Pregunta al Gobierno" como vía de interacción permanente y cercana entre la ciudadanía y los consejeros del Ejecutivo autonómico.
El modelo de ordenación del territorio de Castilla y León se diseñó y comenzó a desarrollarse en la pasada legislatura, con amplio consenso social y político. Este mes comenzarán los trabajos de la Consejería de la Presidencia con los representantes de los grupos parlamentarios para definir el Mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios en el Territorio rurales, que ordenarán el territorio en el que viven 900.000 castellanos y leoneses y serán la base para planificar el despliegue de los servicios que gestiona la Junta de Castilla y León. El primer borrador de este nuevo mapa se hará público en la página de Gobierno Abierto de la Junta antes de finalizar este mes de septiembre.
Una vez definidas las unidades básicas de ordenación rurales, se configurará el mapa de las Áreas Funcionales Estratégicas -áreas con mayores problemas económicos y demográficos, o afectadas por circunstancias de gravedad especial-. Al tiempo, se elaborará el Plan Plurianual de Convergencia Interior, que será el conjunto de programas específicos de desarrollo destinados a las Áreas Funcionales Estratégicas, y se nutrirá del Fondo Autonómico de Compensación Territorial que prevé el Estatuto de Autonomía.
De Santiago-Juárez ha indicado que, vinculado con el modelo de ordenación del territorio, surge el objetivo de seguir mejorando la gobernanza y la financiación local en Castilla y León. Y con ello se ha comprometido a destinar en el período 2015-2019 una cifra no inferior a 250 millones de euros para la Cooperación Económica General con las entidades locales. Además, en los proyectos de Presupuestos de esta legislatura se insertará una línea de cooperación específica y preferente a favor de las Mancomunidades de Interés General para incentivar su constitución y en este periodo se dispondrá de 43 millones de euros para medidas, planes o programas de empleo de las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes para hacer frente a los desafíos demográficos. El Gobierno de la Comunidad tiene previsto aprobar Fondo Autonómico de Compensación Territorial antes de finalizar 2016.
Una de las novedades en este ámbito será la modificación de la Ley de Régimen Local -antes de finalizar el segundo año de legislatura- para crear la Conferencia de Ciudades de Castilla y León como foro de coordinación territorial y, además, reforzar el papel de las Entidades Locales como prestadoras de servicios de proximidad e incorporar el Estatuto del Concejal.
En la presente legislatura, el Gobierno autonómico abordará una reforma en profundidad para mejorar y modernizar la Función Pública en Castilla y León, las condiciones laborales de los empleados públicos y poder prestar con ello un mejor servicio a los ciudadanos. En el primer año, se intentará alcanzar un gran acuerdo para mejorar las condiciones laborales e incrementar las expectativas de desarrollo profesional de este colectivo.
Desde la Consejería de la Presidencia se pretende una retirada progresiva de las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de la crisis ?respetando la normativa estatal básica-; la reducción de la interinidad, el avance en la adecuación y racionalización de las estructuras tanto centrales como periféricas de la Administración de la Comunidad y de sus Relaciones de Puestos de Trabajo; la mejora de las condiciones de movilidad voluntaria; nuevos pasos en materia de conciliación de su vida personal, familiar y laboral; y seguir facilitando el acceso de las personas con Discapacidad al empleo público.
El Gobierno autonómico aprobará próximamente el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y potenciará la Escuela de Administración Pública de Castilla y León como centro de formación, investigación y estudio de referencia para los empleados públicos. De Santiago-Juárez también ha sostenido que la modificación prevista de la Ley de Gobierno permitirá, por un lado, adaptar la redacción de su artículo 37 a la realidad actual de la Administración y, por otro, una mayor racionalidad, flexibilidad y eficiencia de los efectivos públicos.
La Junta de Castilla y León está comprometida con la mejora y la modernización de la Administración y por ello adecuará y racionalizará las estructuras periféricas y centrales; fomentará la extensión de la Administración electrónica y de los procedimientos electrónicos; y el avance en la interoperabilidad entre las distintas Administraciones Públicas, de modo que los diferentes niveles administrativos no sean trabas para el ciudadano y estén siempre a su servicio. Un último aspecto destacado será el desarrollo de la relación entre Administración y ciudadanos aprovechando las posibilidades del uso de dispositivos móviles.
En este ámbito, el Plan de Digitalización y Modernización de las Oficinas de Registro facilitará la aplicación del principio "un solo documento, un solo registro" y contribuirá también al objetivo de alcanzar al final de la presente Legislatura una Administración autonómica de "papel cero" en su interacción con los ciudadanos. Junto a estos proyectos, la Consejería de la Presidencia continuará impulsando la calidad contrastada de las 20 Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano y el servicio de Atención al Ciudadano 012.
Además, nuevas medidas de simplificación administrativa de tercera generación llegarán en el primer trimestre de 2016: se aprobará un programa de reducción de cargas administrativas, reducción de plazos y mejora de procedimientos que pondrá las bases para que los nuevos procedimientos sean sencillos y ágiles, suprimiendo trámites y documentos innecesarios.
Colaboración con otras comunidades autónomas
El Gobierno Herrera va a seguir contribuyendo a que las comunidades autónomas sean modernas, eficaces, austeras, solidarias, comprometidas con el interés nacional y capaces de cooperar entre sí para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Una muestra tangible de ello es el historial de protocolos o convenios de colaboración con comunidades limítrofes, dirigidos especialmente a mejorar la prestación de los servicios públicos en los territorios de frontera en ámbitos como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la prevención y extinción de incendios o la Protección Civil.
Para continuar avanzando en el denominado por el presidente Herrera 'autonomismo útil', la Consejería de la Presidencia prevé renovar relaciones con esos gobiernos autonómicos, hacer una evaluación periódica de los protocolos suscritos, fomentar la participación de las Corporaciones Locales en su seguimiento y elaborar nuevos instrumentos de cooperación que puedan suscribirse. El departamento que dirige José Antonio de Santiago-Juárez va a impulsar alianzas estratégicas interautonómicas en aquellas áreas donde se compartan con otras comunidades recursos o intereses que puedan contribuir al progreso común.
Castilla y León continuará participando en redes y plataformas de cooperación con las regiones europeas con las que se comparten intereses, retos y preocupaciones comunes. A este respecto, De Santiago-Juárez ha anunciado que la Junta de Castilla y León trabajará para presentar en el Comité de las Regiones un Dictamen sobre los desafíos demográficos a los que se enfrentan las regiones europeas e intentando alcanzar, a su vez, primero una posición de Comunidad con todos los grupos parlamentarios de las Cortes y, segundo, un gran acuerdo con todas las Comunidades Autónomas españolas que de forma más intensa están afectadas por este problema.
El consejero ha hecho alusión a la Macrorregión "Regiones del Sudoeste Europeo" para anticipar que a partir de enero de 2016 se promoverá la aprobación de una Estrategia Macrorregional que definirá las principales líneas de actuación y facilitará la elaboración de proyectos conjuntos en las áreas clave, como el transporte y la logística en el "Corredor Atlántico".
La II Agenda de Acción Exterior estará aprobada antes de finalizar 2016 y tendrá como objetivo fomentar la presencia cultural, económica y social de Castilla y León en el exterior, de modo que todas las acciones emprendidas desde cualquier ámbito de la Administración de la Comunidad sigan respondiendo a una misma estrategia y su eficiencia e impacto sean mayores. En ella se incluirán las principales prioridades de Castilla y León ante la Unión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020. El Gobierno autonómico continuará su acción política ante las instituciones europeas, especialmente en las Comisiones y grupos de trabajo de la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, en las formaciones de los Consejos de ministros europeos abiertas a la participación de las comunidades autónomas y, por supuesto, en el Comité de las Regiones.
El consejero de la Presidencia ha afirmado que el III Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León 2014-2017 permitirá una acción integral desde todas las áreas de la Administración de la Comunidad para asegurar el acceso de los inmigrantes, en igualdad de condiciones, a los servicios básicos para la ciudadanía. De Santiago-Juárez ha manifestado que "la mejor fórmula de integración social, también para este colectivo, es el empleo" y a continuación ha aseverado que la Junta de Castilla y León seguirá trabajando de la mano del Diálogo Social en el marco del Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante.
Desde la Consejería de la Presidencia se regulará y se desarrollará la acreditación de los Centros Integrales de Inmigración como centros de información, asesoramiento, participación y aprendizaje destinados a la acogida e integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. Asimismo, se continuará apoyando a las asociaciones de inmigrantes y entidades sin ánimo de lucro en proyectos de integración, participación, sensibilización, aprendizaje del castellano y promoción de la interculturalidad.
Con el II Plan Estratégico de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior 2015-2018 se potenciarán la Oficina de Retorno y el apoyo a las asociaciones de retornados, se mantendrán las ayudas económicas a ciudadanos de origen castellano y leonés residentes en el exterior en situación de necesidad y se reorientará la convocatoria, iniciada hace dos años, que hasta el momento se dirigía a los emigrantes retornados, para atender las necesidades reales de aquellos castellanos y leoneses, especialmente jóvenes, que deseen retornar a la Comunidad. Se desarrollará el Registro de Comunidades Castellanas y Leonesas en el exterior, entidades que se potenciarán como agentes de la Comunidad en el exterior.
Finalmente, la Consejería de la Presidencia también aprobará el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2016-2020, que estará alineado con la nueva agenda internacional de desarrollo y que apostará por la concentración geográfica y sectorial de las ayudas.