La subdelegada del Gobierno sale al paso de una información que recoge la prensa escrita de este jueves negando tal punto. Sobre la nueva prisión, todavía no se ha establecido "una fecha cierta" para su apertura.
"El sistema penitenciario permite la privatización de la nueva prisión". Así de taxativa se mostraba este mediodía María José Heredia, subdelegada del Gobierno en Soria, saliendo al paso de una información publicada en la prensa escrita de la capital y donde se apuntaba a este aspecto. Una noticia que negaba insistiendo en que "no se privatizará" la nueva macrocárcel ubicada en el barrio de Las Casas ya que un sistema democrático y de derecho con el español no lo permite. Por lo cual ha señalado que es "rotundamente falso" que la gestión vaya a pasar a manos privadas, "ni este ni ningún otro centro penitenciario".
Ya sobre las actuales condiciones de la actual cárcel en servicio, Heredia ha alabado su funcionamiento, ya que en la actualidad, de los 154 internos que alberga, 112 de ellos (el 73%) se encuentran trabajando bien para las dos empresas que dan empleo en la prisión , (Fico y Huf España) o para los propios servicios internos del centro; 43 cursan estudios oficiales, 80 reciben tratamiento psicosocial encuentran en y 57 realizan trabajos de apoyo a la comunidad, donde recientemente se ha incorporado el Banco de Alimentos de Soria. "Esto es el punto fuerte de la prisión de Soria", ha señalado, fuera de polémicas sobre el nuevo centro, e incidiendo que estas cifras hacen que la actual cárcel tenga unos niveles superiores a la media en lo que se refiere a la rehabilitación social.
En la actualidad hay 120 funcionarios trabajando en el centro, si bien para la nueva prisión, con 1.100 internos se han previsto inicialmente 500 empleados públicos, por lo que "habrá que valorar estos ratios en función de los parámetros actuales". Aquí ha manifestado que "no hay fecha cierta para la apertura" de las nuevas instalaciones.
En cuanto al nivel de ejecución de la nueva cárcel, la subdelegada ha dado a conocer que se ha invertido el 80% de las partidas presupuestadas, si bien ahora se está a falta de acometer la llegada del suministro eléctrico lo cual "lleva tiempo" porque afecta a particulares que habrán de ser expropiados, así como las redes de aguas, con la consiguiente tramitación legal que ello requiere. "Son cantidades que no son importantes en comparación con los 100 millones de euros que costará la prisión", ha afirnado, sumando que también se ha de acometer el mobiliario interno y concluir las labores paisajísticas.
Sobre las instalaciones actuales, el director de las mismas, Segundo Pascual, ha significado que se encuentran "están en condiciones para desarrollar el trabajo de los funcionarios, y mejor que otras prisiones que he visitado, sin decir que estas estén mal". Por ello, ha remarcado además que pese a la antigüedad, "se mantiene en un estado higiénicamente digno" tanto para internos como para empleados.