La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado en la reunión del Real Patronato sobre Discapacidad el ejemplo de la Junta de Castilla y León, que incluye cláusulas sociales en los contratos que realiza para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión social, poniendo especial énfasis en la contratación con los centros especiales de empleo.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado en la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, celebrada en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, presidida por S.M. la Reina. Durante la reunión, Alicia García ha puesto de manifiesto la prioridad que supone para la Junta de Castilla y León el apoyo a las personas con discapacidad y la atención prioritaria que se está desarrollando en colaboración con las entidades del Tercer Sector. Una prioridad que viene marcada por un compromiso con las personas con discapacidad en clave de derechos, para que desarrollen sus proyectos vitales y con el objetivo del empleo como herramienta básica de inserción y de construcción de los itinerarios de las personas con discapacidad.
Esto es posible en aplicación del Acuerdo 59/2012 de la Junta de Castilla y León, que vincula a todos los órganos de contratación de la Administración Autonómica y que responde a un compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dirigido especialmente al sector empresarial que facilita el empleo de las personas con dificultades para acceder al mercado laboral por condiciones de discapacidad o exclusión social, a lo que se suman las empresas que quieren incorporar aspectos de política social en su actividad. Esto se realiza a través de dos actuaciones fundamentales: la reserva de contratos destinados a centros especiales de empleo y la incorporación de cláusulas sociales en la contratación general.
En este sentido, García ha avanzado que la Junta adjudicó en el primer cuatrimestre de 2015 contratos por más de 140 millones de euros para favorecer el empleo entre las personas con discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social a través de las cláusulas sociales y de reserva de contratación en los Centros Especiales de Empleo.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que el compromiso de la Junta de Castilla y León es reservar anualmente el 6,5 % del importe total de los contratos de la Administración autonómica para los Centros Especiales de Empleo que contratan a personas con difícil empleabilidad, con un catálogo de actividades como limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería y logística, entre otras. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, el porcentaje de contratos realizados por la Administración autonómica con los Centros Especiales de Empleo ha alcanzado ya el 4,90 %, con un importe total de casi 2 millones de euros.
Si se consideran los contratos adjudicados mediante reserva desde la entrada en vigor del acuerdo (septiembre de 2012) con ejecución en 2015, la cantidad asciende a 5.606.683 de euros, lo que supone haber cumplido ya en los cuatro primeros meses del año el 56,03 % del objetivo de referencia previsto para 2015. En la actualidad, Castilla y León cuenta con 194 centros especiales de empleo, repartidos en 232 centros de trabajo. Estas acciones han posibilitado que, entre julio de 2014 y julio de 2015, se haya producido un incremento del 7,31 % en el número de trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, y supongan un total de 4.329 personas.
Además de las reservas de contratos para Centros Especiales de Empleo, el acuerdo trata de impulsar en las empresas una visión más social y, para ello, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales. Entre ellas, que la plantilla esté formada por un porcentaje de personas en situación de exclusión social, o en grave riesgo de estarlo, desempleados de larga duración, o que presenten importantes dificultades de empleabilidad. También valora que la plantilla cuente con personas con discapacidad, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes de entre 16 y 30 años que provengan de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que estén en proceso de rehabilitación y reinserción social, o parados de larga duración que hayan cumplido ya los 45 años. Así, 1.251 contratos, el 40 % de los adjudicados en el primer cuatrimestre de 2015, han incorporado cláusulas sociales. Estos contratos suponen un importe de adjudicación de 138.455.181 euros, es decir, el 77 % del importe total de los contratos adjudicados en este período, tanto con cláusulas sociales como sin ellas.
Cabe destacar la notable implicación de las consejerías en la incorporación de cláusulas sociales, dado que prácticamente cuatro de cada diez contratos adjudicados incorporan cláusulas sociales, y estas se concentran en los contratos de mayor cuantía, ya que casi el 80 % del importe de la contratación lleva cláusulas sociales.
Alicia García ha avanzado también en la reunión del Real Patronato sobre Discapacidad que, junto a esto, y como otra de las actuaciones destacadas, la Junta de Castilla y León tiene prevista la creación de un Banco de Buenas Prácticas que recogerá las experiencias en el ámbito del modelo de cláusulas sociales y reserva de contratación en las diferentes administraciones públicas en la Comunidad. Será un instrumento que oriente y asesore en su aplicación y desarrollo a aquellas entidades públicas que las vayan a implantar en sus sistemas de contratación.
Para la puesta en marcha de este Banco de Buenas Prácticas está previsto dinamizar el grupo de trabajo formado por representantes de contratación de todas las consejerías, mediante jornadas de intercambio de experiencias y jornadas divulgativas con ponentes de otras administraciones y expertos en derecho administrativo que introduzcan en experiencias de otras administraciones diferentes de las de Castilla y León. Además, se explorarán las iniciativas de las entidades locales, en concreto de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, para poner en común en un espacio digital que sirva para compartir y difundir estas buenas prácticas.