A través de la coalición Primavera Europea, el PCAS aduce que la explotación "no cuenta con todos los permisos".
La formación castellanista, mediante su representación en el Parlamento Europeo dentro de la coalición Primavera Europea, ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea las actuaciones que se están llevando a cabo en de Borobia.
En esta intervención, han solicitado que se investiguen las presuntas anomalías de las obras de la mina de la localidad cercana al Moncayo. "En nuestra formación se viene denunciando desde hace años las irregularidades en la actuación de la empresa minera y la connivencia de de la Junta de Castilla y León. La puesta en marcha de la explotación no cuenta con todos permisos", han señalado, por lo que han urgido un compromiso de investigación de los hechos "y aclaración posterior por parte de las administraciones competentes".
Así, los castellanistas han reclamado públicamente que se realicen todas aquellas actuaciones necesarias, por parte de las administraciones públicas correspondientes, para aclarar la situación en la que se encuentran las labores de explotación del yacimiento. A modo de ver de la formación denunciante éste es un proyecto que "perjudica a Castilla y a Aragón, y cuenta con acuerdos unánimes en las Cortes de Aragón reclamando su paralización y que se descarte definitivamente".
También han recordado que se han presentado sendas iniciativas en las comarcas afectadas, en la sede parlamentaria aragonesa y en el propio Congreso de los Diputados. Unos trámites llevados a cabo por Chesús Yuste (diputado de la Chunta Aragonesista, y también miembro de la coalición reseñada) para descartar definitivamente este proyecto, "dado que presenta un impacto ambiental que causaría daños irreversibles".
El texto de la interpelación es como sigue:
"Desde este verano se están llevando a cabo trabajos de explotación de una mina de magnesitas en Castilla, en concreto en la localidad de Borobia (Soria, Castilla y León), junto al río Manubles, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Ebro. Esta actividad, que comporta graves impactos medioambientales y riesgos para la salud, tiene todavía pendientes diversas autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por afectar al dominio hidráulico y, en palabras del ministro aragonés de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, "flagrantes incumplimientos en materia de legislación ambiental y minera", señalando entre otras cosas que los estudios medioambientales realizados no tuvieron en cuenta a las poblaciones aragonesas como si las afecciones medioambientales se detuvieran en los límites administrativos.
-¿Está la Comisión al corriente de esta situación?
-¿Piensa la Comisión actuar ante las autoridades españolas y de Castilla y León antes de que se puedan producir daños medioambientales irreversibles y para la salud de la población castellana y aragonesa de la zona?"
Con estas preguntas los castellanistas esperan que la Unión Europea "haga prevalecer la Ley, y obligue a la Junta de Castilla y León, a cumplir toda la normativa europea sobre medioambiente".