Subdelegación la Delegación Territorial mantienen un encuentro de seguimiento sobre el protocolo en esta materia. Ya se han decomisado 3.879 kilogramos de setas en Soria.
Representantes de la administración de Medio Ambiente y de la Guardia Civil de Soria, Burgos y La Rioja han mantenido esta mañana una reunión de trabajo, en el Ayuntamiento de Almarza, al objeto de coordinar y colaborar en las actuaciones que se llevan a cabo en materia de control y vigilancia de los aprovechamientos micológicos en ambos territorios, evitar malas prácticas recolectoras para evitar daños al monte, y hacer que el aprovechamiento micológico sea sostenible en el tiempo.
También, en la jornada de este viernes, la subdelegada del Gobierno en Soria, María José Heredia; el delegado territorial, Manuel López; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Andrés Velarde; y el jefe del Servicio de Medio Ambiente, José Antonio Lucas, se han reunido para hacer un seguimiento del protocolo de colaboración establecido al principio de la campaña micológica. Posteriormente, han mantenido un encuentro con la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano.
El encuentro se ha convocado a petición de los representantes de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja, ante la presencia cada vez mayor, en los montes de esa región, de grupos de recolectores ilegales organizados, similares a los que operan en la provincia de Soria, todos ellos, de nacionalidad rumana.
Han asistido a la reunión, por la Guardia Civil de Soria, el alférez al mando de la 3ª Compañía y dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), y un capitán y dos agentes del SEPRONA de La Rioja. Respecto a los responsables de la gestión medioambiental, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, José Antonio Lucas, junto al coordinador, el guarda mayor y tres agentes medioambientales, y el jefe del Servicio de Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente de La Rioja, Jesús Laría, que ha estado acompañado de dos guardas mayores y siete agentes medioambientales. También han participado el técnico responsable de la comarca de Montes de Oca y el guarda mayor de la provincia de Burgos.
En la reunión se ha informado a los asistentes sobre los antecedentes históricos del aprovechamiento micológico en la provincia de Soria; de la necesidad de su regulación; sobre las legislaciones internacionales, nacionales y autonómicas que existen al respecto; así como del inicio y evolución de esta regulación en la provincia de Soria, que dio comienzo en el año 2001, con el Proyecto Life Myas, hasta llegar a la actualidad, adaptándose a las necesidades que surgen a lo largo de este periodo, con el programa Micocyl y la Unidad de Gestión Montes de Soria.
Se ha repasado la transformación que ha supuesto para la vigilancia y control del aprovechamiento micológico y la sostenibilidad del producto y del medio natural de nuestros bosques la llegada, desde el año 2012, de los grandes grupos de recolectores organizados del este de Europa, fundamentalmente de nacionalidad rumana.
Este ha sido, sin duda, el tema que ha suscitado mayor interés, pues es el asunto más conflictivo de las últimas campañas micológicas y el objeto último de la reunión. La aparición de estos grupos numerosos que recolectan de manera diferente y en la mayoría de los casos ilegal; la ocupación de refugios y la instalación de campamentos ilegales, la realización de hogueras, la generación de una gran cantidad de residuos en el monte o la preocupación social que genera, son los aspectos que han protagonizado el encuentro de trabajo.
Los representantes de Soria han explicado a los de La Rioja los protocolos que se han establecido de manera coordinada entre la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León en la provincia, así como los dispositivos que se organizan en función de los niveles de actuación y los cometidos que desarrollan cada uno de los integrantes de los operativos integrados de control y vigilancia en función de sus objetivos: recogida de documentación, desalojos, decomisos, etc.
Como gestores de un recurso que es limitado y debe protegerse, los representantes de Soria y La Rioja han acordado continuar trabajando para estrechar la colaboración, estableciendo líneas comunes y compartidas de actuación para evitar áreas de refugio para los colectivos ilegales.
Efectividad en la colaboración
En el transcurso de la reunión, celebrada en la Subdelegación del Gobierno, convocada para hacer un seguimiento del protocolo de colaboración establecido al principio de la campaña micológica, se ha puesto de manifiesto que los agentes medioambientales de la Junta y la Guardia Civil están actuado conjuntamente de forma muy efectiva, denunciando un gran número de infracciones derivadas de la recogida ilegal de setas y realizando levantamientos de campamentos ilegales.
Según se ha manifestado, la buena campaña micológica y el efecto llamada han vuelto a traer a Soria a muchos recolectores extranjeros. Pese a ello, no se han detectado problemas de orden público, como confirma el hecho de que no se han realizado denuncias ante la Guardia Civil por la comisión de delitos relacionados con estos ciudadanos que han llegado a Soria para recolectar hongos y setas.
Las denuncias de las que han sido objeto son únicamente por infracciones relacionadas con la campaña micológica. Generalmente, por superar el máximo permitido en la licencia expedida o, directamente, por no llevarla. En estos casos, se decomisan los productos recolectados y se inicia un expediente sancionador.
La subdelegada del Gobierno ha referido la sensación de inseguridad que le han transmitido desde algunos municipios sorianos por la presencia masiva de estos ciudadanos. Así, la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano, había solicitado una entrevista con María José Heredia para abordar el problema. Por este motivo, se ha reunido después con los responsables que realizaban el seguimiento del protocolo de colaboración.
Asunción Medrano ha expresado el malestar de los vecinos de esta localidad pinariega por los comportamientos de las personas que han llegado masivamente y ha reconocido la dificultad de actuar contra ellos, puesto que no cometen delitos que permitan que la Guardia Civil pueda intervenir.
Para evitar esta presencia, ha propuesto un mayor control, no tanto en el momento de la recolección como en el de la comercialización. Se le ha hecho notar que son los ayuntamientos los que pueden autorizar o no el comercio ambulante en sus términos municipales.
Además, se da la circunstancia, como ha señalado la propia alcaldesa, de que hay permisos comerciales concedidos a ciudadanos extranjeros que han conseguido el empadronamiento en algún municipio soriano con el claro propósito de introducirse en el sistema.
Ante la preocupación de que pudiera haber algún problema añadido estos días, con la llegada de turistas en el puente del Pilar, se organizarán servicios especiales tanto por parte de los agentes medioambientales como por la Guardia Civil que incrementarán la vigilancia en la zona. Además, siguiendo instrucciones de la subdelegada, la Guardia Civil se dejará ver más por las poblaciones, puesto que parece ser que las quejas están más relacionadas con la presencia en los pueblos de estas cuadrillas de recolectores que con la propia recolección.
Decomisos campaña 2015
A fecha de hoy, los distintos operativos de control realizados por la Junta de Castilla y León, a través de los agentes medioambientales y celadores del Servicio Territorial de Medio Ambiente, en coordinación con la Guardia Civil, especialmente el SEPRONA, con el apoyo de los agentes medioambientales de las entidades propietarias (Ayuntamiento de Soria y Mancomunidad de los 150 Pueblos), han decomisado 3.879 kilogramos de setas: 3.042 de boletus y 837 de níscalos.
En la campaña de otoño de 2014 se decomisaron un total aproximado de 14.986 kilogramos: 10.016 de níscalos, 4.942 de boletus y 28 kilogramos de otras especies. En esa misma campaña se realizaron 695 denuncias (recolección ilegal, realizar fuego sin autorización, acampadas, circular fuera de las pistas, etc.), de las que 590 correspondieron a ciudadanos extranjeros y 105 a españoles.