CSI-F señala que estos profesionales son los únicos agentes de la autoridad que no disponen de esta herramienta, como sí la tienen en otras regiones.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha exigido este miércoles y de nuevo a la Junta de Castilla y León, que entregue el arma corta reglamentaria a los agentes medioambientales que así lo soliciten, "para poder cumplir sus funciones y los servicios de vigilancia con las garantías de seguridad suficientes".
El arma fue retirada por la Junta en mayo de 2013, y aunque los agentes medioambientales vienen reclamando reiteradamente su devolución, como recurso disuasorio y de defensa personal "necesario", ante "la masiva presencia de recolectores ilegales de setas en los montes de Soria o Burgos estas semanas, que desobedecen e incumplen reiteradamente la normativa medioambiental, y que han mostrado actitudes amenazantes y agresivas en ocasiones", lleva a los agentes medioambientales a reiterar la petición del arma reglamentaria.
En comunidades vecinas, como es el caso de La Rioja, que comparte espacios naturales con Soria y Burgos, sus agentes sí portan esta herramienta, han recuerda en el sindicato, han añadido que los problemas de seguridad de los agentes medioambientales se extienden a todas las provincias de la Comunidad y a otros ámbitos, como la caza furtiva.
También han remarcado que "es totalmente incongruente e irresponsable que se retiren las armas reglamentarias, y se ordenen instrucciones para luchar contra los cazadores furtivos que sí portan armas, o contra otras actividades medioambientales y forestales que atentan contra la actual normativa de protección medioambiental, que se llevan a cabo en un medio aislado y disperso, en el que el agente medioambiental está solo y desprotegido, frente al infractor o delincuente medioambiental".
CSI-F ha recordado que el Cuerpo de Agentes tiene carácter armado en sus más de 130 años de existencia, y es el único de la Junta de Castilla y León con carácter de agentes de la autoridad y funciones de policía administrativa y judicial.
El sindicato independiente reitera que los responsables no deben ser reticentes a entregar el arma corta a los agentes medioambientales que lo soliciten voluntariamente. El reglamento de la Junta que regula este colectivo prevé la dotación del arma reglamentaria para servicios de vigilancia o control, en los que se presuponga la existencia de un riesgo para el agente.
Señalar así mismo que CSI-F ha formado a unos 600 agentes medioambientales de toda España -también de Castilla y León- en materia de Policía Judicial genérica, es decir, en sus competencias de esclarecimiento de delitos ambientales, "funciones para las cuales también resulta imprescindible el arma corta reglamentaria como herramienta de trabajo y prevención de riesgos laborales".
En el sindicato han asegurado que la importancia de la protección medioambiental en Castilla y León, en ámbitos como los espacios naturales, la caza o la micología, "depende de un cuerpo sacrificado y muy bien formado, como es el de los agentes medioambientales, a los que hay que dignificar, valorar y darles las herramientas necesarias para cumplir correctamente con su trabajo, para el que el ciudadano deposita su confianza". Por ello, en CSI-F han lamentado que el agente medioambiental tenga que afrontar "con demasiada frecuencia, situaciones de peligrosidad para su integridad física".