El documento recoge muchas pautas de acción que ya se están respetando. Será revisable para poder actualizarse y se incorporará al contenido del proyecto de ley que regulará el ejercicio de esta actividad política.
El presidente Herrera anunció en su discurso de investidura de la presente legislatura la puesta en marcha de nuevas iniciativas que impulsen una mayor cercanía, austeridad y eficiencia de los responsables públicos y un mayor control de su actividad. En esa línea de acción política, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la renovación y ampliación del código de austeridad de los altos cargos, vigente desde 2011. El código aprobado hoy por Acuerdo de Junta recoge muchas pautas de acción que ya se están respetando, será revisable para poder actualizarse y se incorporará al contenido del proyecto de ley que regulará el ejercicio del alto cargo en la Administración autonómica, también comprometido por el presidente Herrera. La Junta de Castilla y León fija y asienta unas directrices que, en esencia, constituyen un nuevo compromiso público con la sociedad.
Así, el Gobierno autonómico ha aprobado en su reunión de Consejo de Gobierno, celebrada esta mañana, la renovación y ampliación del código de austeridad de altos cargos, vigente desde septiembre de 2011. El ámbito de aplicación de este nuevo código, que será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y estará disponible en la página web www.jcyl.es, se extiende a los miembros de la Junta de Castilla y León y a todos los altos cargos de la Administración General, tanto centrales como periféricos, así como a los de la Administración institucional y de las empresas y fundaciones públicas.
El contenido que recoge el código ético y de austeridad se estructura agrupando criterios que constituyen pautas o cánones de actuación de los altos cargos que se orientan a la consecución de los cuatro valores que constituyen los pilares del código ético y de austeridad: la objetividad, la transparencia, la ejemplaridad y la austeridad. La objetividad, sirviendo al interés general sin incurrir en conflictos con intereses particulares; la transparencia, adoptando sus decisiones conforme a criterios que sean conocidos por los ciudadanos; la ejemplaridad, evitando cualquier acción u omisión que vaya en detrimento del prestigio de la Administración; y la austeridad, gestionando los recursos públicos de manera eficiente y racionalizando el gasto público.
Asimismo, los altos cargos deberán garantizar en sus actuaciones los principios que el acuerdo expone y que se concretan en el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas; la igualdad entre mujeres y hombres; la ausencia de discriminación por razones étnicas, de nacionalidad, orientación sexual, religión o circunstancias personales; la integración de las personas con discapacidad; el respeto a los informes técnicos de los empleados públicos; y la dispensa de un trato respetuoso y directo a los ciudadanos y sus organizaciones.
El documento puede ser consultado aquí o en el archivo que se acompaña con esta información.