Dos de sus perros fallecieron durante el traslado a una cacería, asfixiados por hacinamiento en el interior del remolque donde eran transportados.
El SEPRONA de la Guardia Civil ha imputado a J.A.D.L. de 51 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal.
Durante el pasado octubre, la Guardia Civil tenía conocimiento gracias a la colaboración ciudadana, del hallazgo de dos perros de caza muertos, encontrados en un paraje en la demarcación de La Ribera.
Agentes de este servicio de la Benemérita reconocían el terreno verificando los hechos denunciados localizando los dos animales, de raza podenca cruzada. Se trataba de ejemplares adultos de unos cuarenta y cinco kilogramos de peso. Inspeccionados los cuerpos, a simple vista no se encontraron indicios de muerte por arma de fuego, carecían de heridas, lesiones e indicios de envenenamiento.
Los agentes abrieron una investigación, llamando poderosamente la atención el hecho de que los canes portaban el microchip identidificatorio en el cuerpo, lo que permitió dar con el propietario.
Las pesquisas siguientes ratificaron que el dueño figuraba de alta como rehalero, dedicando sus perros a la práctica de la caza mayor. Además, en esas fechas se había llevado a cabo una cacería colectiva en la zona en la cual había participado el ahora imputado con sus perros.
De igual modo, la Guardia Civil llevó a cabo múltiples gestiones tendentes a verificar la acreditación para realizar tal actividad, permisos, seguros, licencias y autorizaciones, sanidad animal, condiciones de transporte de los canes o características del medio de transporte utilizado. De igual modo recogió toda la documentación del núcleo zoológico, enclavado en la provincia de Soria, así como la de los propios canes estaba en regla.
El resultado de la investigación ha permitido conocer que J.A.D.L., en aquella fecha, trasladó su rehala hasta el municipio donde tuvo lugar la cacería. Que los animales fueron encontrados muertos en el interior del remolque, falleciendo durante el viaje por asfixia (por aplastamiento del cuello según consta en el informe veterinario emitido).
Los cuerpos fueron depositados y abandonados en el paraje donde se encontraron más tarde, infringiendo el protocolo establecido para la retirada y depósito de animales muertos, cuya baja no fue notificada.
Las conclusiones finales indican que se transportaban más animales de lo aconsejable para las dimensiones y capacidad del habitáculo destinado a tal fin, por lo que se le imputa un delito de maltrato animal.
Adicionalmente a las diligencias instruidas, que serán entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero, se han confeccionado diversas denuncias administrativas en materia de Sanidad (abandono de cadáveres) enviadas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos.