Las sanciones por no cumplir la normativa pueden alcanzar los 4,5 M? de euros en función de la gravedad de los hechos.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ha publicado una serie de recomendaciones sobre qué hay que hacer para trabajar con drones con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y bienes en tierra.
AESA, que ha solicitado la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias para la distribución de dichas recomendaciones entre sus asociados, explica qué requisitos debe cumplir una empresa o un particular para poder trabajar con drones y dónde no se puede operar con ellos.
España cuenta desde hace un año con una normativa que regula el uso civil de los drones y que establece una serie de requisitos que hay que cumplir para poder usarlos como herramienta de trabajo.
La este organismo recuerda que para poder trabajar con un aparato de este tipo es necesario habilitarse y estar registrado en AESA, contar con un seguro de responsabilidad civil específico para aeronaves, ser piloto de drones, es decir, tener conocimientos teóricos de aeronáutica y prácticos del dron que se va a pilotar, además de tener un certificado médico en vigor y ser mayor de 18 años. Pero además de ser un operador registrado, para trabajar con drones hay que tener en cuenta que no se puede operar sobre zonas urbanas, aglomeraciones de personas, como pueden ser conciertos, bodas, procesiones, manifestaciones, o playas.
Tampoco se pueden usar de noche, ni cerca de aeropuertos, aeródromos, helipuertos o donde se realicen vuelos con otras aeronaves a baja altura, como las zonas de parapente, ultraligeros, paracaidismo, etc.
También hay que tener en cuenta que la normativa europea establece que ninguna aeronave podrá conducirse negligente o temerariamente de modo que ponga en peligro la vida o propiedad ajenas.
La Agencia recuerda que el uso imprudente de un dron puede tener consecuencias ya que las sanciones por no cumplir la normativa pueden alcanzar los 4,5 millones de euros en función de la gravedad de los hechos. En concreto, desde la entrada en vigor de la ley, AESA ha abierto 24 expedientes sancionadores que suman un importe total 185.500 euros, y las dos causas mayoritarias es no ser un operador habilitado y el sobrevuelo de zonas no permitidas.