Representantes de CECALE, UGT, CC OO y el Gobierno regional rubrican distintos documentos en el marco del Diálogo Social.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y los representantes de UGT, Agustín Prieto; de CCOO, Ángel Hernández; y de CECALE, Santiago Aparicio, han rubricado este miércoles, en la sede del Gobierno de la Comunidad, cinco documentos en el marco del Consejo de Diálogo Social.
Esta tarea entre la Junta y los agentes económicos y sociales se inició de forma inmediata, tras la constitución del Gobierno de la Comunidad el pasado mes de julio. El proceso, que ha durado más de seis meses, ha permitido la firma de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020; el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2016; el acuerdo para el funcionamiento del SERLA en 2016 y 2017, así como el documento que permite el desarrollo de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el acuerdo sobre la política de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación.
Castilla y León ha demostrado la capacidad para llegar a acuerdos políticos y con los representantes sociales y económicos ya desde el año 2001. La Junta consensúa hoy medidas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que implican un importante esfuerzo económico de recursos autónomos centrado en los distintos colectivos sociales.
Este importante esfuerzo es el trabajo conjunto de impulso a políticas sectoriales, pero también transversales, en las que intervienen las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo, Fomento y Medio Ambiente, Familia e Igualdad de Oportunidades, y Educación.
La Junta establece una apuesta para seguir trasladando la recuperación económica a la creación de empleo, pero también para mejorar su calidad. Para ello, se fomenta la contratación indefinida; se mejora la contratación en el Plan de Empleo Local, con un mínimo de seis meses a tiempo completo, frente a la contratación anterior, que era a tiempo parcial, y con el incremento de incentivos a las empresas para realizar contratos ordinarios indefinidos.
Dentro de los acuerdos firmados en materia de empleo hay que destacar el esfuerzo de la Junta para incrementar el punto de partida de 600 millones de euros, fijado por el presidente en su discurso de Investidura, a los 700 millones de euros inicialmente destinados en la firma de hoy en el conjunto de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020.
Además, en el primer año de la nueva estrategia, en 2016, se van a destinar 140 millones de euros a las distintas políticas de empleo, frente a los 124,5 millones de euros que se destinaron en 2015. También hay que destacar que el primer año de aplicación de la anterior Estrategia Integrada de Empleo fue el año 2012, en el que se destinaron 60 millones de euros, cifra que contrasta con el esfuerzo actual.
En materia de vivienda, la Junta y los miembros del Diálogo Social han firmado acuerdos por un importe total de 23,4 millones de euros: 16,3 millones para una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda y otros 7 millones para ayudas a la rehabilitación de edificios.
En cuanto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, los acuerdos suscritos hoy mejoran su protección en aspectos como la flexibilidad en el acceso a la misma; el reconocimiento del derecho de nacimiento de la prestación desde el mes siguiente a su solicitud; facilitar la reanudación automáticamente de la prestación una vez finalizada la actividad laboral, junto a medidas de estímulo del empleo en el sector público y privado. Todo ello supondrá un esfuerzo estimado de 14 millones de euros.
Así, la Consejería de Empleo fija el objetivo del empleo como el mayor bien social y como la mejor política socioeconómica, así como la respuesta más adecuada frente a los retos demográficos. El empleo ha mostrado signos de mejora en el último año y es necesario consolidar las vías para la recuperación.
El nivel de concertación social de la Comunidad es elevado. De hecho, Castilla y León es pionera al haber incluido el Diálogo Social en el Estatuto de Autonomía como principio rector. En 2001 se puso en marcha esta cultura de Diálogo Social que ha permitido la firma de más de 60 acuerdos entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales.
Hoy se pone en marcha la II Estrategia de Empleo diseñada para su aplicación hasta 2020 y que impulsa una autentica coordinación de las políticas activas de empleo en conjunción con otro pilar estratégico como es el III Acuerdo de Competitividad y la Innovación Empresarial de Castilla y León.
Tiene como objetivo mejorar todos los niveles de ocupación y reducir el desempleo, prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección. Por eso es importante destacar los colectivos prioritarios que establece: jóvenes menores de 35 años (preferentemente sin cualificación), mayores de 45 (especialmente los que carezcan de prestaciones y tengan cargas familiares) y parados de larga y muy larga duración. También se contemplan colectivos especiales que requieren atención diferenciada, como son mujeres, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión, empleados por cuenta propia, emigrantes retornados y trabajadores en situación de dificultad procedentes de sectores estratégicos.
Se trata un documento único que se estructura en cuatro planes: Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, e Igualdad y Conciliación en el Empleo. En estos planes participan de manera directa las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación.
Las acciones en materia de empleo se articulan a través del fomento del empleo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia; la mejora de la cualificación; y la intermediación y orientación laboral a trabajadores y empresas para la inserción laboral y el mantenimiento del empleo. También a través de la protección a trabajadores desempleados y a los que provengan de expedientes de regulación de suspensión o extinción.
Hay que destacar que en materia de fomento del empleo se impulsa la incentivación de la contratación indefinida ordinaria y a tiempo completo, y los contratos temporales en supuestos concretos (prácticas, interinidad, relevo, sustitución de horas extras, ampliación de jornada en el sector de ayuda a domicilio y de perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía) para empresas de menos de 100 trabajadores, así como el establecimiento por cuenta propia.
Se prevé potenciar el empleo local a través de planes específicos, incidiendo en la calidad del empleo, así como completar con acciones y medidas específicas directamente vinculadas al empleo la planificación de la estrategia en formación profesional. Por otra parte, se impulsa la atención personalizada e individualizada en la labor de intermediación laboral y la mejora en las ayudas económicas a desempleados y trabajadores que procedan de la aplicación de ERES suspensivos y extintivos, así como facilitar su reincorporación al mercado laboral.
El objetivo es tratar de mejorar el ajuste entre las necesidades de personal cualificado de los sectores productivos y la oferta de Formación Profesional, así como la conexión entre los centros de formación y las empresas a través del desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual y de acciones de formación conjuntas. Se impulsará también la puesta en marcha de nuevas ofertas formativas para personas adultas desempleadas y ocupadas, fomentando la formación profesional a distancia y los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral o vías no formales de formación.
Establece dos objetivos prioritarios: la siniestralidad cero y conseguir la máxima coordinación en las diferentes actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y formación, y sensibilización. Se crea un grupo estratégico de referentes, especialistas en materia de prevención de riesgos laborales dentro de las unidades de seguridad y salud laboral. También se incluye la gestión del envejecimiento de la mano de obra como nuevo riesgo emergente y se procede a la adecuación de funciones de vigilancia y control al nuevo marco normativo.
El plan se dirige a la promoción de la igualdad y la conciliación entre mujeres y hombres en el acceso, la permanencia y la promoción en el trabajo, prestando especial atención a sectores y mujeres con mayor dificultad de inserción, y favoreciendo la conciliación en los ámbitos laboral, familiar y educativo. Se hace también un esfuerzo de sensibilización en el ámbito educativo y extraescolar a jóvenes, así como de orientación profesional en términos de igualdad. Destacan también las ayudas a empresas para favorecer la aplicación de medidas y acciones de igualdad, primando aquellas que elaboren un Plan de Igualdad.
Dentro del conjunto de medidas puestas en marcha en 2016 se incluye de forma específica un Plan de Empleo Joven que está dotado con 36,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 21 % respecto a 2015. Esta dotación incluye los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con 14,2 millones, previsto para jóvenes de hasta 30 años, que, como novedad, se completarán con fondos autónomos para cubrir la franja hasta los 35 años.
Por otra parte, el Plan anual de Políticas de Empleo para 2016 integra un Plan de Empleo Local con medidas que ascienden a 40 millones de euros, con un crecimiento del 33 % en relación con los 30 millones asignados en 2015. Tiene como objetivo promover un importante número de empleos para realizar obras y servicios por parte de las entidades locales que contribuyan al desarrollo económico del territorio. En el Plan de Empleo Local destaca la pretensión de favorecer un empleo de mayor calidad y de apoyar de manera más eficaz a colectivos y sectores específicos. Para ello, de manera general se realizarán contratos a tiempo completo y con una duración mínima de 6 meses y, además, se realizarán convocatorias independientes para distintos colectivos, entre los que destacan: perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (10 millones de euros), trabajadores de los sectores turístico y forestal (10 millones de euros), personas con discapacidad (5 millones de euros) y trabajadores de los municipios mineros de León y Palencia (2,4 millones de euros).
Las acciones y medidas previstas en el Plan anual se concretarán en un documento aprobado por la Comisión Permanente del Diálogo Social, bajo criterios de eficacia en la planificación temporal y en la asignación de recursos. Los resultados se los programas una vez aplicados serán evaluados por este órgano del Diálogo Social.
El Plan Anual de Políticas de Empleo incorpora otras medidas, como son las que se refieren más directamente al ámbito social. Así, por ejemplo, se mantiene el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a la reinserción laboral de los desempleados, mediante acciones de orientación y Formación Profesional y la percepción de 426 euros mensuales, para lo que se contemplan 7,5 millones de euros. Como novedad, se incluye el compromiso asumido en la Investidura de extender dicha ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado por desempleo, hubieran agotado las prestaciones.
También se potencia la protección frente a las crisis empresariales con fondos por un total de 12,5 millones de euros con los que complementar la renta de los trabajadores y se colabora con las empresas a través de la minoración de sus costes de Seguridad Social. Como novedad, se plantea la posibilidad de conceder ayudas, vía convenio con la Seguridad Social, a los trabajadores mayores de 55 años procedentes de empresas en procesos concursales para facilitar el tránsito hasta la edad de jubilación. También se prevé mejorar las condiciones de los trabajadores afectados por EREs que, siguiendo en activo en la empresa, hayan agotado sus prestaciones por desempleo (entre ellos el sector de la minería y sus empresas auxiliares).
Igualmente, se da un renovado impulso al objetivo del empleo para las personas con discapacidad, con la subvención de los costes salariales de los Centros Especiales de Empleo y con medidas para mejorar la formación de estos trabajadores.