En la oferta de empleo público, la Junta contempla una plaza de las ocho que convoca para toda la Comunidad. La provincia estuvo cuatro meses si inspector durante 2015.
La provincia de Soria dispone, por fin, de dos inspectores de consumo para defender los legítimos derechos de los sorianos en materia de consumo. La Orden publicada el pasado día 29 de enero resuelve la convocatoria que tramitó la Junta de forma urgente, ante la denuncia de CSI-F de falta de medios humanos en la Inspección. La provincia de Soria estuvo en 2015 unos cuatro meses sin inspector de consumo, debido a la baja de la persona que ejercía en ese puesto.
Con la reincorporación de este nuevo inspector son dos los que hay en la provincia, ambos interinos, "con los que se solventa de manera temporal, al menos, la atención de este servicio de Inspección de Consumo en Soria. Una precariedad que se extiende, en mayor o menor medida, por toda la Comunidad, puesto que los medios materiales y humanos no son suficientes para atender adecuadamente esta Inspección", ha apuntado el responsable regional de CSI-F en el sector de la Administración General de la Junta (AGCyL), Mariano Prieto.
La defensa del consumidor no ha sido un objetivo prioritario en las últimas legislaturas para la Junta de Castilla y León, según han lamentado en el sindicato, "por lo que la labor de esta Inspección de Consumo, en la defensa de la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los ciudadanos, en la adquisición de toda clase de bienes y servicios, no atraviesa sus mejores momentos".
Las competencias de Consumo "han deambulado" por diferentes consejerías, perdiendo personal y derechos laborales. La situación año tras año empeora, y en CSI-F temen por la desprotección de consumidores y usuarios. Este sindicato ya denunció, coincidiendo con la aprobación en las Cortes -en marzo- del nuevo Estatuto del Consumidor de Castilla y León, que el pequeño colectivo de inspectores de consumo, que supera por poco la treintena de efectivos, podría llegar al colapso técnico si no se tomaban medidas inmediatas.
Prieto ha indicado que "las condiciones laborales que tienen los inspectores de consumo, respecto al nivel de exigencia que tiene su puesto, son degradantes". A tal fin, su agrupación sindical ha presentado un escrito ante la Consejería de la Presidencia (con competencias en Función Pública) y ante la Consejería de Economía y Hacienda (con competencias en Consumo), para reclamar la mejora de las condiciones laborales del colectivo y aumentar el número de efectivos de inspectores en la Comunidad, que cuenta con una RPT que supera las 50 plazas y que no suele tener ocupadas más de 30.
Aunque la Administración regional ha tomado nota de las carencias, y presentará en la Oferta de Empleo Público de 2016 ocho plazas de inspectores de consumo, Prieto ha insistido en que hay muchos inspectores de consumo que "están cerca de la jubilación, por lo que deberán convocarse en sucesivos años más plazas".
El responsable de AGCyL ha signifiaco que "no hay inspección con más competencias, que maneje más normativa y que controle más empresas que la Inspección de Consumo. Sin embargo, es la más olvidada y menospreciada. Por ejemplo, las jefaturas de sección, es decir, la jefatura de los inspectores de la provincia puede ser ocupada por alguien no especialista en la materia. Es decir, a la jefatura de los inspectores de consumo de las provincias puede acceder cualquier empleado público, sin ninguna experiencia en materia de consumo".
CSI-F cree que las ocho nuevas plazas que van a ser convocadas para inspectores de Consumo serán "un soplo de aire fresco para el colectivo", pues según el análisis que ha hecho el sindicato, "en cinco años el servicio estaría en peligro de desaparición si no se reponen efectivos". La experiencia de Soria podría repetirse en otras provincias, advierte CSI-F, "porque van muy justos de efectivos. Los inspectores que tomen posesión de las nuevas plazas no lo harán hasta 2017", han aclarado.
Por otro lado, el responsable sindical mantuvo una primera reunión con la directora general de Comercio y Consumo, Irene Núñez, para exponer las reivindicaciones del colectivo "que consideramos justas y razonables, necesarias para asegurar la protección de los consumidores y usuarios de Castilla y León". "La directora es sensible a las peticiones que hemos expuesto", ha añadido, "pero ahora es necesario que Consumo, con el consejero José Antonio de Santiago-Juárez, revisen la RPT con sus niveles y puestos".
La reciente alarma social que se ha producido, al haberse detectado que diversas marcas de pintura para dedos eran peligrosas para sus destinatarios, los niños, entra en la categoría de red de alerta que atienden los inspectores de consumo. "Pero tareas como esta retirada de productos peligrosos, para la salud y seguridad de los consumidores, se realiza diariamente y para multitud de productos, sin que trascienda a la opinión pública", ha remarcado Prieto.
Los inspectores recaban muestras de todo tipo de productos, y si no superan los análisis y pruebas son retirados del mercado. "Hacen lo que pueden, a costa de esfuerzos personales no reconocidos. Hay que tener en cuenta que de todos los contenedores que traen mercancía de importación a nuestros puertos, sólo se analizan el 2% de los mismos, por lo que la labor que hace la Inspección de Consumo para retirar productos peligrosos, ya sean nacionales, comunitarios o extracomunitarios, resulta clave y fundamental como filtro de seguridad para los consumidores", ha concluido Prieto.