El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, acepta la supresión de las diputaciones propuesta por Ciudadanos para conseguir su apoyo, una idea que ya defendió el anterior líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en 2011.
Pérez Rubalcaba presentó en agosto de 2011 su proyecto para transformar las diputaciones provinciales de régimen común y sustituirlas por Consejos de Alcaldes que carecerían de estructura política.
Rubalcaba calculaba entonces que, de esta forma, se produciría un ahorro de mil millones de euros y la supresión de mil cargos políticos, en consonancia con la política de austeridad que defiendía.
Además recordó que las diputaciones son una estructura cuya regulación y competencias proceden de 1836.
Las 38 diputaciones de régimen común están integradas en la actualidad por 1.037 diputados provinciales y manejan un presupuesto de 6.000 millones de euros, buena parte de ellos destinados a su funcionamiento.
El entonces candidato a la Presidencia del Gobierno recordó que, del total de este presupuesto, un 30 por ciento lo absorbe la partida de personal, con partidas que, a su juicio, se podían eliminar en lo tocante a salarios de cargos políticos y de sus asesores y personal eventual de confianza.
También podía recortarse, en su opinión, en lo relativo a gastos corrientes "prescindibles", que son todos aquellos "asociados al carácter político de las diputaciones".
En total, Pérez Rubalcaba calculaba que el gasto prescindible de las actuales diputaciones representaba un 20 por ciento, esto es, algo más de mil millones de euros, "suprimiendo cargos políticos, asesores de cargos políticos, la infraestructura de esos cargos políticos y una serie de cosas que las diputaciones hacen que claramente se pueden suprimir en un momento como el que vivimos de necesidad de ahorro y de ajuste de las cuentas públicas".
El candidato señaló que su propuesta, que garantiza el empleo para los trabajadores, buscaba eliminar las duplicidades de funciones que se producen entre comunidades autónomas y diputaciones y que en realidad son funciones y servicios que deberían gestionar los gobiernos autonómicos.
Para esta transformación, no haría falta reformar la Constitución, sino la Ley de Bases de Régimen Local.
Cinco años después es la propuesta que ha aceptado el hoy candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que depende en el Congreso de los Diputados de los votos del PP o/y del PSOE.