CSI-F ve que es necesaria la presencia de los sindicatos ante el posible escenario que provocaría la desaparición de las diputaciones provinciales.
Ante la posibilidad de que un acuerdo político de Gobierno provoque la desaparición de las diputaciones provinciales, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este miércoles a los grupos parlamentarios una "negociación inmediata" de las reformas de las administraciones publicas, en el marco de un Pacto de Estado, que se haga sin imposiciones y con presencia de la representación sindical, para evitar decisiones unilaterales de consecuencias irremediables, tanto para los empleados públicos como para los ciudadanos usuarios de los servicios públicos.
El sindicato han alertado sobre la supresión de las diputaciones provinciales, la cual afectaría a unos 62.000 trabajadores, cerca de 7.000 en Castilla y León. En este sentido, el presidente autonómico del sindicato en la Comunidad, Carlos Hernando, ha recordado que "defendemos un modelo de administración moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos, con una gestión transparente y rigurosa para evitar los errores que contribuyeron a agravar la crisis económica en España".
Pero este modelo de gestión, según Hernando, "incluye una correcta planificación de los puestos de trabajo, reforzando aquellos ámbitos donde sea necesario, porque no sobran trabajadores, como pone en evidencia los problemas en la prestación de servicios provocadas por los recortes".
Además, el dirigente sindical ha insistido en que una decisión como la desaparición de las diputaciones provinciales "requiere de una reflexión y un análisis muy serio, y no puede responder a un calentamiento político coyuntural". De igual modo, ha incidido en que las consecuencias podrían ser muchas, "tanto laborales como sociales, territoriales o políticas; y que en el caso de alguna provincia de Castilla y León "podría poner en peligro su sostenibilidad y supervivencia territorial".
Por último, en CSI-F han significado que las decisiones que se adopten deben de negociarse y "no pueden perjudicar ni a los trabajadores, dado que las plantillas ya han sido suficientemente mermadas durante esta crisis, ni por supuesto a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos".