Para el reconocimiento formal de este órgano por parte del Gobierno de Castilla y León es necesario acreditar el 51% de la producción y el 51% de la transformación.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, en su afán de desbloquear la constitución de la Interprofesional de la Patata, encallada por la falta de acuerdo de las organizaciones profesionales agrarias en cuanto a la representatividad en los órganos de gobierno, ha lanzado una propuesta para contribuir a que se resuelva el problema que el sector, con el que se ha reunido esta tarde, ha aceptado.
Debido a la obligatoriedad que recoge el Decreto que regula el registro de organizaciones interprofesionales agroalimentarias de Castilla y León, en el que estas entidades deben estar representadas por el 51 % de la producción y el 51 % de la transformación, la Junta ofrece la posibilidad de enviar a los cultivadores de patata un documento de 'cesión de representación' mediante el cual puedan dar su apoyo a las organizaciones profesionales agrarias, a la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León o a una entidad distinta.
Para el reconocimiento formal por parte de la Junta de Castilla y León es necesario que se acredite que en la Interprofesional de la Patata está representada como mínimo el 51 % de la producción y el 51 % de la transformación y, para ello, deberá demostrarse con el escrito original de la persona física o jurídica que da representación de sus intereses a la organización presente en la interprofesional.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, por este motivo, se muestra dispuesta a hacer una campaña de información a los agricultores que cultivan patata para explicarles las ventajas de la interprofesional, adjuntando un modelo de cesión de representación para que se entregue firmado en la sede de la futura interprofesional.
El documento de 'cesión de representación' que recibirían los cultivadores de patata daría opción a apoyar o bien a las organizaciones profesionales agrarias, o bien a la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León o a una entidad distinta a las anteriores.
A la hora de resolver el reconocimiento, el representante de la futura interprofesional tendría que adjuntar las acreditaciones y se comprobaría que el conjunto de las firmas tienen un mínimo del 51 % de la superficie.
Cabe recordar que las organizaciones interprofesionales se constituyen a iniciativa privada y son, por tanto, entidades jurídico-privadas, por lo que la Junta de Castilla y León sólo tiene obligación de autorizar el funcionamiento de una Interprofesional una vez que, desde este órgano, se remita toda la información que justifique que representa al menos al 51 % de la producción y al 51% de la transformación.
La Consejería de Agricultura y Ganadería insiste en que la interprofesional es un buen instrumento de organización en el sector, porque debe surgir del consenso mayoritario de la fase de producción y transformación, teniendo como principal objetivo el mejorar las relaciones comerciales entre todos, para evitar situaciones que perjudiquen a todo el sector o a una parte (productor o transformador). Recuerda, asimismo, que deben organizarse entre ellos y acreditar la representación de una forma objetiva y documentada.
Para la Junta de Castilla y León sería importante que estuvieran presentes en las interprofesionales, en la fase de producción, las organizaciones profesionales agrarias, siempre que exista ese mismo consenso por ellas. En este caso, será necesario que además estén respaldadas por un número de productores suficiente para que se consiga en el conjunto de la fase de producción el 51 % de la implantación (por superficie o por producción). No obstante, hoy por hoy, no hay ninguna norma que posibilite la presencia obligatoria de las organizaciones profesionales agrarias en la interprofesional que se cree en Castilla y León.
En ningún caso se puede pretender, ni tampoco obligar, a que la Junta de Castilla y León elabore un proceso de participación activa para obtener la acreditación personal de la representación a cada entidad que quiera estar en la interprofesional. No hay ningún mandato ni legal ni reglamentario.
La obligación de la Junta de Castilla y León es comprobar, cuando se solicite el reconocimiento formal de la interprofesional, que existe esa acreditación y que se respeta un mínimo del 51 % de implantación en producción y en transformación. La futura interprofesional, cuando quiera el reconocimiento, deberá aportar las acreditaciones pertinentes.