El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), urge a estudiar la necesaria reorganización administrativa de España, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma local, "una chapuza monumental" que tiene como único responsable al Partido Popular.
El Tribunal Constitucional ha anulado varios preceptos de la Ley de la reforma de la Administración local porque invaden competencias de las comunidades autónomas y, en uno de los casos, porque regula materias propias de una Ley Orgánica.
"Es una chapuza monumental que tiene un claro responsable que es el PP. Está forma de gobernar y de legislar quien lo paga son los ayuntamientos de este país y los vecinos que tienen que financiar al final la protección social", ha denunciado Martínez, a preguntas de los periodistas.
Además ha apelado hoy a la necesidad de afrontar una reorganización administrativa en España que afecte de forma transversal desde "el más pequeño Ayuntamiento" hasta el Gobierno de España, de tal forma que se consiga un mapa claro de competencias municipales, provinciales, autonómicas y nacionales.
Este mapa competencial, a su juicio, debe ir de la mano una ley de financiación para abordar con un mínimo de calidad la prestación de los servicios "resida donde se resida".
"No podemos dejar a los alcaldes de pequeños municipios para pasear al santo", ha señalado.
"Viene a sacar las vergüenzas al Gobierno de España, que no supo redactar una ley de la mano de los ayuntamientos de este país que fuera capaz de clarificar el mapa competencial y abordar una financiación de los servicios acorde a la calidad que necesitan los vecinos de los municipios", ha señalado Martínez sobre la sentencia del Tribunal Constitucional.
Además ha lamentado que la sentencia "saca las vergüenzas" de la Junta de Castilla y León, que fue crítica a través de los medios de comunicación con la reforma local pero que no fue capaz de llevarlo al Constitucional, "cuando vulneraba claramente las competencias de la comunidad".
Martínez ha señalado que al final los paganos son los ayuntamientos, que siguen teniendo que prestar servicios que la propia sentencia dicta que es competencia estricta de las comunidades autónomas, como los servicios de protección social.