Fomento y Medio Ambiente desarrolla un texto para simplificar trámites, agiliza plazos y facilita la convocatoria de servicios públicos, sin dejar a un lado la transparencia.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado la Orden por la que se regulan los procedimientos en materia de servicios de comunicación audiovisual, en desarrollo del Decreto 59/2015, de 17 de septiembre, a través del cual se adaptó a la realidad castellana y leonesa el contenido de la Ley estatal básica 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.
Esta orden desarrolla y articula todos los procedimientos recogidos en el citado decreto autonómico, principalmente concretando los plazos para presentar las solicitudes y para resolver, y detallando la documentación y los datos que deben aportar los interesados. A partir de su entrada en vigor todos estos procedimientos podrán iniciarse telemáticamente desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
La nueva norma apuesta por la simplificación, la agilidad y la reducción de cargas administrativas. Su aspecto más destacable es que dedica un capítulo completo a las licencias radiofónicas y televisivas, estructurando el procedimiento de los concursos públicos para su obtención. Las mejoras introducidas favorecerán la simplicidad, la seguridad jurídica y la transparencia de este tipo de procesos, facilitando así su convocatoria.
Por otra parte, se amplía la regulación del Registro público de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de Castilla y León, determinado los datos inscribibles y la forma de practicar los asientos. También se facilita y flexibiliza el libre acceso de todos los ciudadanos a la información inscrita.
Por último, la orden regula también detalladamente trámites como la comunicación previa a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, la autorización de negocios jurídicos sobre las licencias radiofónicas y televisivas, el otorgamiento a las entidades locales de la habilitación para prestar servicios públicos audiovisuales (radio y televisión municipal), la aprobación de los proyectos técnicos de los canales o emisoras, y la inspección de las infraestructuras.
La orden, publicada en el Bocyl puede ser consultada en el archivo que se adjunta con esta información.