Alude a un nuevo estudio de la ONG Transparencia Internacional que le sitúa entre los 20 de los 110 estudiados.
En el Ayuntamiento de Soria insisten en que sus niveles de transparencia están reconocidos, tal y como refleja el último estudio elaborado por la ONG Transparencia Internacional y hecho público en febrero.
En esta ocasión, esta entidad independiente ha realizado un análisis sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Contratación así como de la publicación de los diferentes datos relativos a las licitaciones. Según este estudio, sólo 1 de cada cuatro consistorios cumple con el mínimo legal y entre ellos destaca el de la capital de la provincia, que se encuentra entre los 20 de los 110 analizados, con lo que "aprueba los dos parámetros estudiados y entre las únicas 11 capitales de provincia que también consiguen aprobar el test".
Estas mismas fuentes han recordado que esta accesibilidad de los datos ya le colocaba colocó con un 100% de puntuación en la tabla de transparencia de esta misma ONG, "liderando todos los apartados desde la relación con la ciudadanía, información de la corporación, información económica o contratación". En este último capítulo ha conseguido "una mejora evidente en los últimos años", ya que según afirman en el Ayuntamiento, han idio incrementando "hasta el sobresaliente su análisis", en una una progresión "que queda rubricada con este nuevo estudio".
Este primer análisis, realizado en enero 2016 por Transparencia Internacional España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, ha incluido a los 110 grandes Ayuntamientos españoles, las 17 Comunidades Autónomas y los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos). Los datos ponen de manifiesto que tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal (Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado) de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público; tampoco cumplen esta obligación tres de cada cuatro Parlamentos (26% de cumplimiento), siendo, por otra parte, sólo tres Comunidades Autónomas de las 17 totales (el 18%) las que cumplen con el mencionado mandato legal. La propia ONG indica en su nota de prensa que resulta significativo en este contexto que Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia incumplan esta normativa legal.
En el segundo análisis (realizado en febrero 2016) del nivel de cumplimiento legal de 45 diputaciones provinciales, y de 51 universidades públicas, se pone de manifiesto que casi seis de cada diez diputaciones no cumplen con la citada obligación legal de publicar sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, siendo este nivel de cumplimiento mayor en el caso de las Universidades públicas, colectivo en el que el 59% de estas instituciones cumple la mencionada obligación legal.
Al margen de estas cifras, hay que recordar que el Consistorio trabaja en una Ordenanza de Transparencia para seguir ampliando la información de acceso público y facilitar la utilización de estos datos para todos los ciudadanos. Por otro lado, el Consistorio cuenta con una Comisión de Vigilancia de Contratación, un órgano de control que pocas entidades cuentan y que, por ejemplo, la Diputación provincial ha incluido en esta legislatura.