La Presidenta del PP de Soria explica que "Castilla y León obtiene un sobresaliente en la atención a la dependencia; tenemos una buena valoración de la sanidad, y también de los servicios sociales".
La presidenta del Partido Popular de Soria, Marimar Angulo ha salido al paso este mismo lunes de las declaraciones realizadas por la procuradora soriana Virginia Barcones asegurando que "en el PSOE saben muy bien que en Castilla y León si hay un compromiso claro es que gran parte del presupuesto de la Junta de Castilla y León se destina a servicios sociales".
De hecho, Angulo ha recordado "el compromiso asumido por Juan Vicente Herrera, para que el 80% del presupuesto no financiero se destina íntegramente a gasto social, y eso se está cumpliendo desde el primer presupuesto de legislatura, un presupuesto que contó con el voto en contra del PSOE" porque "hacen lo contrario de lo que dicen y dicen lo contrario de lo que hacen". "En Castilla y León si hay una prioridad para destinar los recursos son las familias, las personas, quienes más lo necesitan, las personas con dependencia, etc.", y ha añadido que la región "obtiene un sobresaliente en la atención a la dependencia; tenemos una buena valoración de la sanidad, y también de los servicios sociales".
Además, se ha referido a las últimas medidas aprobadas por la Junta durante la semana pasada y ha detallado que "se han hecho compatibles las ayudas de la red de protección a las familias, con más recursos y más facilidades para que las familias más vulnerables obtengan más recursos, haciendo posible la renta garantizada de ciudadanía, que este año cuenta con un presupuesto de 69 millones de euros, con otras ayudas", lo que supone "una red de protección para las familias de Castilla y León que es un referente y un modelo".
Otra de las medidas aprobadas por la Junta de Castilla y León en el transcurso de la semana pasada es "una nueva dotación de 6 millones de euros para 43 entidades sociales". Frente a esto, Angulo ha explicado que donde gobierna el PSOE "están votando en contra de poner en marcha la Renta de Ciudadanía, como sucede en Andalucía".