Para incentivar el asentamiento de nuevas empresas en polígonos y parques tecnológicos de propiedad autonómica. En Soria, estas medidas afectan a terrenos de Navaleno y de El Burgo de Osma.
Como consecuencia del desarrollo y planificación llevado a cabo por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), Castilla y León dispone hoy de un patrimonio de casi 8,9 millones de metros cuadrados de superficie neta industrial apta para la instalación inmediata de empresas, sin incluir en este cómputo las infraestructuras que se encuentran en fases menos avanzadas de ejecución.
En concreto, este espacio se distribuye en 2.846 parcelas pertenecientes a 24 polígonos y dos parques tecnológicos. Sin embargo, la crisis económica vivida los últimos años ha reducido la demanda de superficie industrial, por lo que el grado de ocupación media en estas instalaciones se sitúa en el 46,1 %.
La Consejería de Economía y Hacienda considera que la coyuntura actual de reactivación de la economía es el momento más oportuno para poner en marcha medidas que incentiven el anclaje de nueva actividad productiva, faciliten la ampliación del mallado industrial y, por lo tanto, contribuyan a la creación de empleo.
En este sentido, la primera iniciativa llevada a cabo ha sido la retasación de los activos inmobiliarios para adaptar las tarifas a la realidad del mercado en los polígonos que están urbanizados a falta de alguna infraestructura puntual, ya finalizados o en fase plena de comercialización. En este proceso se han tenido en cuenta una pluralidad de criterios, tales como el tamaño de las parcelas, sus usos (industrial, social, servicios o equipamientos), la edificabilidad y ocupación permitidas, así como su localización.
El resultado de esas valoraciones se traduce en un descenso medio del 42 % en el precio del metro cuadrado destinado a enajenación, aunque en algunos casos esta minoración alcanza el 72 %.
Sobre estas nuevas tarifas, se aplican bonificaciones complementarias inminentes y en función de la localización de la empresa y de la extensión del terreno adquirido. De esta forma, se establece una rebaja adicional del 15 % en el precio del suelo durante este año y el próximo. Ese descuento alcanza el 50 % si la compañía se instala en algún polígono enclavado en zonas mineras, directriz aplicable a Cubillos del Sil y Cistierna (León).
En tercer lugar, las empresas que compren más de la mitad de la superficie de una manzana disfrutan de una tarifa única por metro cuadrado, por lo que quedan exentas de otro tipo de ponderaciones (por ubicación, ocupación en esquina) que incrementan los precios.
Al abaratamiento en el coste del suelo se unen las facilidades económicas para su adquisición. Las compañías pueden financiar la compra hasta en 40 años, en condiciones personalizadas en función de la solvencia y garantías aportadas. El importe máximo del préstamo alcanza el 90 % del precio de venta.
El comprador puede cancelar total o parcialmente el crédito en cualquier momento sin gastos ni comisiones. En todo caso, se le exige la materialización de al menos el 50 % de la edificabilidad de la parcela, un requisito con el que la Junta quiere garantizar la actividad productiva en esos terrenos.
Por otra parte, las operaciones de venta para iniciativas de sectores definidos como estratégicos en el Plan Director de Promoción Industrial (agroalimentación, automoción, salud, energía y medio ambiente industrial, hábitat, industria cultural y tecnologías de la información y la comunicación) y las que puedan ser declaradas como Proyectos Industriales Prioritarios de conformidad con la Ley de Industria se benefician de un plazo de hasta cuatro años de carencia en la amortización de capital.
Se modifica también en provecho del empresario el derecho de superficie de 20 a 50 años. Se trata de otra modalidad de adquisición de suelo, que faculta al beneficiario a construir sobre el terreno y desarrollar en él su actividad a cambio de un canon anual que la ADE reduce del 2 % anteriormente vigente al 1,5 % del precio de venta de la parcela. Además, transcurridos esos 50 años, puede ser arrendada durante un mínimo de cinco siempre que se mantenga la actividad. En el caso de sectores estratégicos y Proyectos Industriales Prioritarios, la Junta establece un periodo de carencia en el pago del canon de tres anualidades.
La obligación de construir se fija en el 50 % de la edificabilidad de la parcela y debe ejecutarse en 18 meses desde la obtención de la licencia de obras, no pudiendo exceder el plazo de 36 meses a partir de la formalización del derecho de superficie.
Las ventajas se extienden a los edificios propiedad de la ADE en régimen de arrendamiento. Los empresarios que ocupen espacios en inmuebles de los parques tecnológicos, tanto para poner en marcha un nuevo negocio como para ampliar el existente, abonan la mitad en concepto de alquiler. Además, el periodo de uso de estas instalaciones se incrementa a 40 años, incluidas las prórrogas.
Los emprendedores de base tecnológica pueden asentarse en estas dependencias de forma gratuita durante el primer año. En el segundo, la bonificación en la cuota de alquiler llega al 50 % y, en el tercero, representa el 25 %.
Todas estas medidas son de aplicación efectiva desde el pasado 29 de abril a los parques tecnológicos de León y Boecillo (Valladolid) y a los polígonos de Arévalo y Vicolozano en Ávila; Espinosa de los Monteros, Ircio, Pradoluengo y Villalmanzo en Burgos; Cistierna, Cubillos del Sil y Villadangos en León; Aguilar de Campoo II, Magaz, Paredes de Nava, Venta de Baños y Baltanás en Palencia; Boceguillas, Cantimpalos, Carbonero el Mayor II, Coca y Villacastín en Segovia; El Burgo de Osma y Navaleno en Soria; Medina del Campo y Olmedo en Valladolid y Villabrázaro en Zamora.
Los empresarios y emprendedores de Castilla y León interesados en suelo y/o edificios industriales tienen a su disposición toda la información sobre disponibilidad, tarifas, requisitos y trámites en la web de la ADE.