El Informe anual de Ecologistas en acción concluye que la totalidad de la población y del territorio de Castilla y León estuvo expuesta a unos niveles que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Los 2,5 millones de habitantes de Castilla y León respiraron aire contaminado durante 2015. El Informe anual de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio de Castilla y León estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La coyuntura meteorológica, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.
El informe elaborado por este colectivo analiza los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 55 situadas en la región.
En lo que respecta a Castilla y León, entre sus principales conclusiones, destaca que en 2015, se ha producido un aumento general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y dióxido de azufre (SO2), el primero desde el inicio de la crisis económica en 2008. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas y las centrales térmicas del norte de León y Palencia se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.
Si se toman los valores límite establecidos por la normativa española y europea, "más laxos que las recomendaciones de la OMS" según indican, la población que respira aire contaminado por encima de los límites legales se limitaría a los 32.000 habitantes del Valle del Tiétar y el Alberche, al sur de Ávila. No obstante, los límites legales también se han superado en las estaciones de Villamuriel de Cerrato (Palencia), Segovia y Muriel de la Fuente (Soria), en todos los casos en relación al contaminante ozono. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales alcanza 19.000 kilómetros cuadrados, la quinta parte del territorio castellano y leonés.
Según el texto, el ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante 2015 los niveles de ozono aumentaron por el mayor calor respecto a los de 2014, de manera que toda la población y el territorio de Castilla y León han seguido expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal.
Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire afectan a la mitad de la población de Castilla y León, repartida entre las ciudades de Aranda de Duero, Burgos, Miranda de Ebro, León, Salamanca y Valladolid, además del entorno de las centrales térmicas de Anllares, Compostilla, La Robla (León) y Guardo (Palencia). "Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, más ahora que durante el año pasado se interrumpió la tendencia a la baja iniciada en 2008, con la crisis económica", puntalizan.
Aunque el aumento de la contaminación del aire es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una mayor estabilidad atmosférica, "hay señales preocupantes que advierten de que podemos estar asistiendo a un cambio general de tendencia, tras años de reducción de los contaminantes clásicos (partículas, NO2 y SO2): el repunte del tráfico por carretera (y del consumo de combustibles de automoción), el fraude en los sistemas de certificación de las emisiones de los automóviles (conocido a partir del escándalo Volkswagen) y el aumento de la producción eléctrica en centrales térmicas de carbón, petróleo y gas, a costa de las energías renovables", según recoge el texto de la agrupación ecologista.
Además, señalan que la contaminación del aire debería abordarse "como un problema de primer orden", tal y como se deriva del informe en cuestión."Cada año se registran más de 25.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, de acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente", ha significado.
Los costes sanitarios emanados de la contaminación atmosférica representan al menos 32.000 millones de euros al año, un 2,8% del PIB español, según la OMS y la OCDE, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
Así mismo, han incidido en que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas "no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema".
Por otro lado, los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. "Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla y León lleva años omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en las zonas de Duero Norte, Soria y Demanda, Montaña Sur y Valle del Tiétar y Alberche, donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 800.000 de castellanos y leoneses".
Por último, han recalcado que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. "Es necesario además dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón".