Reclama que el próximo curso sea el de la recuperación de lo 'perdido' para los docentes, y el de la reforma razonable de la LOMCE.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) da un "rotundo suspenso" a la gestión de los políticos con competencias educativas, en este curso que ya ha finalizado, instándoles a que 'recuperen' en septiembre "las tareas que no han realizado, para empezar el nuevo curso 2016-2017 con los problemas resueltos; porque el suspenso de los políticos, desgraciadamente, lo sufriremos todos los que nos dedicamos a la Educación y, por supuesto, y esto es lo más grave, nuestro alumnado".
Así lo valora la presidenta del sector de Educación de CSI·F Castilla y León, Isabel Madruga, que este viernes ha hecho un balance del curso 2016-2017, denunciando la precipitación y la confusión con la que se está implantando la LOMCE; y reclamando que el próximo curso 2016-2017 sea el de la negociación de un plan de recuperación 'de lo perdido'.
Es decir, un plan que cumpla con lo firmado en el Acuerdo de Modernización de Función Pública, que implica la derogación de los decretos vigentes de los recortes, la bajada de ratios del alumnado en las clases, la vuelta a las 35 horas y a las horas lectivas que se tenía antes de 2012, la recuperación retributiva, o la negociación de la reestructuración de los colegios rurales agrupados con criterios educativos, apunta Madruga.
CSIF se ha dirigido al consejero de Educación de Castilla y León para reclamar que se tomen medidas urgentes y efectivas, para reducir la carga lectiva del profesorado y para disminuir las ratios máximas y flexibilizar las mínimas, en la elección de materias optativas en ESO y Bachillerato, consecuencia del RD-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. "Ya no sirve la disculpa de que es normativa básica, puesto que otras comunidades han aplicado medidas que reducen esa carga horaria, y los docentes castellanos y leoneses no tenemos por qué ser menos", recuerda el sindicato independiente.
CSIF insiste en que el aumento de jornada lectiva ha supuesto durante años un importante incremento del trabajo del profesorado, con mayor número de grupos y alumnos, y menor tiempo para atender al alumnado y sus familias, y para preparar las clases y las diferentes tareas que lleva consigo afrontar los proyectos educativos de los centros.
Dada la incertidumbre política existente a nivel del Estado, CSIF reclama al nuevo Gobierno que se forme, que derogue los decretos de los recortes de 2012, e insta a la Junta a que tome medidas para revertir esos perjuicios que están afectando al sistema educativo, tal y como se acordó con CSIF en el Acuerdo Marco para la recuperación de los derechos de los empleados públicos 2015-2019.
CSIF pide que la Junta arbitre medidas para modificar, el próximo curso, la consideración de horario complementario o de horas de permanencia en el centro de determinadas tareas docentes, pasando a considerarse periodos lectivos, hasta que se equipare la jornada anterior a 2012. El sindicato demanda la recuperación inmediata de las 17 horas lectivas en Enseñanzas Medias y las 24 en los Maestros, reduciendo también las tareas burocráticas que han aumentado exponencialmente, entre otros motivos, por los incrementos de las ratios.
Para CSIF, la falta de liderazgo del Ministerio de Educación ha conseguido que la aplicación de la LOMCE sea un despropósito, con la complicidad de algunos gobiernos autonómicos, como es el caso de la Junta de Castilla y León. Además, los partidos de la oposición, buscando rédito electoral en el Congreso con enmiendas a la totalidad, han actuado con la irresponsabilidad de pedir la derogación de la LOMCE de manera inmediata, intentando esconder la imposibilidad legal de su aplicación, y sin tener una iniciativa legislativa realista y factible para acabar con los reales decretos de los recortes, que están en vigor y que impiden, por ejemplo, reducir el horario lectivo de los profesores, pagar el 100% de indemnización por baja no laboral o sustituir al profesorado desde el primer día.
Así, "en Castilla y León seguimos perdiendo docentes, y con la propuesta de la Junta, para el próximo curso, tendremos 140 puestos docentes menos, una merma que se suma a la reducción de los últimos años", señala Isabel Madruga. Del mismo modo, es preciso que la Administración apueste por reducir la tasa de interinidad, que se aleja del 5% firmado y ya avanza hacia el 20%, eliminando la tasa de reposición, y cubriendo todas y cada una de las necesidades del sistema.
CSIF considera que frente a las palabras "complacientes" sobre política educativa del presidente Herrera, en su discurso del reciente Debate de Política General de las Cortes del día 29, "la realidad es que los recortes siguen estrangulando el trabajo educativo en Castilla y León, en diferentes ámbitos, que mantiene su calidad gracias al esfuerzo de los propios docentes".
CSIF exige que mientras se negocie el Gobierno, la mayoría parlamentaria contraria a los recortes tramite la derogación de los Reales Decretos 14 y 20 del 2012, y con ello permita a las comunidades autónomas legislar para retrotraer los recortes, "que tanto daño han hecho a nuestros docentes y centros". "Asimismo, continuamos reclamando una Comisión parlamentaria para trabajar en un Pacto de Estado por la Educación", recalca CSIF.
La realidad, un año más, "es que tenemos que afrontar el nuevo curso con los Reales Decretos de los recortes en vigor, con la LOMCE en pañales, y sin ningún avance para consensuar los cambios legislativos que nuestro Sistema Educativo necesita", según CSIF.
Por ello, este sindicato independiente pide a la Junta de Castilla y León "que el próximo curso negocie y acuerde con los sindicatos la aplicación de la LOMCE, por el bien del alumnado, del profesorado y, en definitiva, de toda la comunidad escolar".
Precisamente, en una reciente encuesta realizada por CSIF, sobre las pruebas de evaluación que impone la LOMCE, doscientos docentes que han respondido a las preguntas a través de la web, han dejado claro su rechazo (un 83%) a las pruebas realizadas al alumnado de tercero y sexto de Primaria, porque los resultados no son fiables, a la hora de valorar el nivel formativo del alumnado (según el 86% de las respuestas), o porque suponen un incremento del trabajo burocrático y administrativo del docente.
CSIF entregará en los próximos días un informe jurídico al consejero de Educación, en el que hace constar que la forma de realizar las pruebas de 6º de Primaria se han realizado sin ajustarse a la norma estatal, puesto que en algún caso han sido miembros del propio centro los que han corregido la prueba.