Para que las ventajas de este proyecto de simplificación administrativa también lleguen a los grandes proyectos industriales de la Comunidad.
Las nuevas medidas de simplificación administrativa del Gobierno autonómico favorecen la implantación de empresas en Castilla y León reduciendo los costes administrativos y los plazos asociados a su puesta en funcionamiento; facilitan la racionalización y eficiencia de la propia Administración autonómica, la promoción de un mayor intercambio de recursos e información y una mayor coordinación interna; y mejoran la coordinación interadministrativa para la puesta en marcha de empresas en la Comunidad.
La Junta de Castilla y León desarrolla uno de los compromisos del presidente Herrera para la legislatura, referente a impulsar una simplificación administrativa de "tercera generación" aprobando medidas de reducción de cargas administrativas, de plazos y de mejora de procedimientos y con especial atención al sector empresarial. La finalidad de todas estas medidas es contribuir a la dinamización económica de la Comunidad. Así, el pasado mes de abril, el Consejo de Gobierno aprobó un Acuerdo por el que se aprobaron tales medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Cuatro son los programas que vertebran las medidas: teletramitación; simplificación administrativa; acompañamiento; colaboración, apoyo y seguimiento.
De Santiago-Juárez y Del Olmo han trasladado a los miembros de la Comisión constituida hoy que este ambicioso proyecto será más fuerte con las aportaciones de los representantes de los empresarios y las Entidades Locales; estas, especialmente necesarias para profundizar en la colaboración y cooperación entre administraciones y facilitar con ello las iniciativas empresariales.
Este modelo de simplificación administrativa utiliza una metodología basada en los denominados mapas de procesos, que en lugar de analizar los procedimientos de forma aislada, los agrupa en itinerarios específicos para cada actividad empresarial. Asimismo, la simplificación se afronta desde la perspectiva del interesado y de sus necesidades, independientemente de cuál sea el órgano directivo responsable de cada trámite. Las nuevas medidas complementan el trabajo que desarrolla en la actualidad la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización empresarial (ADE), que se ocupa de apoyar el emprendedor desde el origen de la "idea empresarial": análisis de viabilidad, elaboración de los planes de empresa, instrumentos de apoyo, búsqueda de financiación, etc. así como con el trabajo desarrollado por la Lanzadera financiera. Constituye pues una herramienta adicional al Sistema Integral de apoyo al Emprendedor.
Modificaciones normativas, reducción de trámites y buzón de sugerencias
A lo largo de 2016, la Junta de Castilla y León revisará los diez procesos de creación e instalación de empresas con mayor impacto en Castilla y León y aprobará medidas de simplificación para ellos. En esta primera reunión de la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización empresarial, se han presentado los mapas de procesos correspondientes a los cinco sectores de mayor implantación: servicios de restauración (bares, cafeterías, etc.); industrias agroalimentarias; explotaciones ganaderas; centros sanitarios sin internamiento; aprovechamientos forestales.
Las modificaciones normativas que permitirán las facilidades para estos sectores ya están en curso: tres leyes, tres nuevos decretos más la modificación de ocho órdenes sectoriales. Además, se suprimirán tres licencias ambientales que serán sustituidas por una comunicación ambiental, se reduce el régimen de intervención en nueve casos ?que se reemplazan por declaraciones responsables-, se mantiene el régimen de autorización para cinco casos pero se reduce el plazo de su concesión como mínimo a la mitad, se eliminan dos registros, se refunden otros dos y se establecen comunicaciones únicas ?se harán comunicaciones conjuntas cuando existan trámites simultáneos-.
La colaboración, el apoyo y el seguimiento se fundamenta no solo en la comisión constituida hoy, sino también en la inminente puesta en marcha de un buzón de sugerencias para que ciudadanos y empresarios puedan realizar aportaciones y propuestas de mejora.
Simplificación en 5 nuevos sectores
En esta reunión, la Junta de Castilla y León ha propuesto cinco sectores más que poder revisar en el segundo semestre y cuyos mapas de procesos serán presentados antes de finalizar el año. Los procedimientos planteados son industrias vinculadas a los viveros forestales; industrias extractivas (canteras, principalmente); talleres de reparación de vehículos; instaladores industriales; y alojamientos turísticos y actividades complementarias. Este último proceso engloba desde hoteles, casas rurales, e incluso los campings y campamentos (con servicio de restauración, piscina y educación multilingüe); es un sector muy simplificado pero la ordenación en un mapa y la visibilización del proceso puede resultar relevante.
Con las medidas de simplificación administrativa que promueve el Gobierno autonómico, las autorizaciones actualmente existentes serán sustituidas por declaraciones responsables o comunicaciones previas, salvo en aquellos casos en los que no sea posible; se implantarán modelos de solicitud única independientemente del centro gestor al que se dirijan con el fin de que el interesado cumplimente el menor número de instancias posibles para el ejercicio de la actividad en aquellos casos en los que se requiera la iniciación simultánea de varios trámites ante la Administración Autonómica; y se reducirán o unificarán los registros que actualmente son necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial y se harán públicos siempre que sea posible para evitar solicitar la certificación de inscripción en los mismos requerida en otros procedimientos administrativos.
Antes de diciembre 2016 se unificarán las bases de datos en poder de la Administración autonómica relativas a empresas con el fin de tener toda la información actualizada y evitar solicitar al empresario la documentación contenida en la misma en los diferentes procedimientos. Y dado que todo ello requiere una serie de cambios normativos, el Acuerdo contempla que en el plazo de un mes a contar desde la aprobación de los correspondientes mapas de procesos, se iniciarán las modificaciones normativas necesarias para el cumplimiento de los mismos.