Los ecologistas de ASDEN seguirán denunciado estos hechos "con mayor intensidad".
De forma reiterada ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria ha venido denunciando pública y administrativamente la presencia de vertederos y vertidos de residuos en la provincia.
Unas actuaciones que venían dadas por lo que consideran incumplimiento de las obligaciones de la administración municipal y autonómica. Sin embargo, este martes en el colectivo ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) "cada año publicita importantes inversiones en la limpieza de cauces, pero luego no sanciona los vertederos que hay en los mismos".
En estas semanas se han recibido notificaciones de la Junta de Castilla y León y de la CHD respecto de dos denuncias referidas a vertidos y vertederos en Garray, uno junto al Duero a los pies del yacimiento de Numancia y otro en un barranco de Chavaler. "En ambos casos queda reconocida la responsabilidad del Ayuntamiento de Garray, y la existencia de vertidos y depósito de residuos", han indicado.
Así, han reseñado que en el primero de los casos, la Junta "todavía no nos ha contestado, y la Confederación Hidrográfica lo ha hecho fuera de todo procedimiento administrativo archivando la denuncia", a lo que han añadido que en el vertido de Chavaler, el Ejecutivo regional ha procedido a su archivo mientras que la CHD" sólo abre expediente por una ocupación de cauce".
Con todo, también han significado que la presencia de vertidos quedó reconocida en documentos redactados de agentes de la autoridad, "que dan fe y prueba de la infracción". "En teoría", continúan diciendo en ASDEN, y de acuerdo a la Ley "deberían generar un expediente sancionador". "Así debería funcionar el estado de Derecho para evitar que las instituciones públicas fueran utilizadas al libre albedrío de unos políticos, que además cuentan con el apoyo funcionarios que ocupan puestos de jefatura por designación digital" han denunciado además.
En lo que es "un perjuicio" para ciudadanos y para el medio ambiente, los ecologistas consideran que la administración "premia de forma positiva y diferencial a los infractores ambientales que no dedican ni esfuerzo ni dinero a cumplir con la ley". A ello suman "el agravante que la degradación ambiental que generan la tenemos que restaurar con dinero público que debería ir a otras actuaciones sociales y ambientales".