Unas labores que exceden "con mucho" los cometidos del funcionario. En el PP hablan de crisis institucional e instan a que el Ayuntamiento debe de tomar cartas en el asunto, y rechazan que esta exigencia sea un "juicio paralelo".
Tras la denuncia por la adjudicataria del transporte de viajeros en la capital y en la que la firma, Avanza, habría recibido la solicitud a uno sus responsables de recibir préstamos, el Partido Popular ha apuntado a la necesidad de tomar medidas por una situación que consideran que puede desembocar en una "crisis institucional".
A tal fin, José Manuel Hernando ha indicado que el empleado, con habilitación nacional, lleva asuntos municipales fuera de la competencia de este cargo, como es el apartado del área de contratación. En lo que es "deber moral" del equipo de gobierno municipal para investigar estos hechos, el concejal de la oposición ha reseñado que es preciso apartar al funcionario de dichas tareas, ya que existe un departamento en el Consistorio con "técnicos muy bien cualificados" que pueden llevar adelante este tipo de asuntos. Además, ha recalcado que la ley de Régimen de Bases y la referida a Haciendas Locales establecen que un interventor municipal "ha de controlar" económicamente las distintas áreas de ámbito municipal, pero en este caso, "exceden con mucho" las que el reglamento establece.
El concejal también ha incidido en que el interventor ha tomado parte en temas como en los dos pliegos del mercado de abastos, que han quedado desiertos, así como en otros textos de adjudicación, donde por otro lado, ya denunciaron que se ha dado "una absoluta ausencia de un informe económico". Denuncias que también se dirigieron al trato económico dispensado por el equipo de gobierno municipal en productividades el año pasado ponr un montante de 41.000 euros.
Así mismo, Hernando ha reclamado al Ayuntamiento que tiene la obligación "ética, política y profesional", sin que ello suponga por parte de su formación elevar un "juicio paralelo" sobre este asunto, por lo que ha de celebrarse una comisión monográfica de Personal y donde el funcionario ha de explicar "paso por paso" el por qué de la reunión mantenida con la empresa, ya que su cometido no pasa por trabajar con personas, sino "con papeles, con datos y con calculadora".
También ha señalado que los populares han denunciado en varios ocasiones las distintas actuaciones del interventor y han afeado los complementos de productividad que ha recibido el funcionario por parte del Consistorio, que se elevan a los 19.000 euros este año, un sobre sueldo a la asignación anual que percibe, y que ronda los 77.000 euros.
El informe sobre este caso ya fue remitido por el Ayuntamiento a la Junta de Castilla y León, algo que es insuficiente para el concejal popular, pese a que el juez ha dictado un auto de sobreseimiento de la causa. Una decisión judicial que todavía no concluye el tema, ya que la empresa podría recurrir el auto del juez ?y también la Fiscalía- por lo que no se trata de una sentencia en firme.