El sindicato independiente pedirá una reunión a la Junta para analizar la decisión del Tribunal Europeo.
CSIF Castilla y León pedirá a la Junta una reunión para analizar las consecuencias de la sentencia. Asimismo, el sindicato independiente -a nivel nacional- reclama al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para valorar la sentencia y llevar a cabo las modificaciones legales que sean necesarias, tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en el Estatuto de los Trabajadores, para evitar la discriminación del interino.
Así, han anunciado el inicio de una campaña en la Comunidad, al igual que lo harán el sindicato en toda España, para combatir la discriminación del personal interino y su desprotección respecto al resto de trabajadores.
En Castilla y León, la interinidad en Educación es del 21%, en Sanidad de cerca del 20% y en la administración general de la Junta de más del 30%, con picos en áreas como la de Servicios Sociales que puede alcanzar el 70%.
CSIF ya está recibiendo, en la Comunidad, numerosas consultas del personal interino, interesándose por las consecuencias de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y de la anterior del Tribunal de la Unión Europea, que reconocen una indemnización por el cese a un interino.
CSIF ha iniciado una campaña informativa, a través de sus delegados sindicales, para explicar las consecuencias de las sentencias. Además, desde ya, el sindicato ofrece su asesoría jurídica para analizar los conflictos por la situación de interinidad que previsiblemente se producirá en nuestras administraciones.
Para el sindicato, la solución debe abordarse de manera urgente por la vía legislativa, porque de lo contrario, previsiblemente, los tribunales de justicia podrían afrontar miles de demandas.
En este sentido, CSIF ya ha activado sus asesorías para atender las reclamaciones de las personas afectadas. De manera paralela, en el sindicato consideran que se debe establecer una oferta de empleo público acorde a las necesidades de las administraciones públicas, que evite el abuso de la contratación del personal interino. Por eso, quiere intensificar la interlocución con los gobiernos central y autonómicos, para determinar la oferta de empleo para el próximo año.