El periodo de vacunación en la Comunidad comenzará dentro de este mismo trimestre.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la compra de dos lotes de vacunas antigripales que garanticen las necesidades de la próxima campaña autonómica de vacunación frente a la gripe, cuyo inicio se está previsto en el último trimestre de este año. Las vacunas constituyen una de las más eficaces medidas preventivas y de Salud Pública y, en el caso de la gripe, el Ejecutivo autonómico destina más de 2,83 millones de euros a garantizar el acceso universal y gratuito a la vacunación frente a esta enfermedad a los grupos poblacionales de riesgo sanitario y social que tienen recomendada la inmunización frente a esta enfermedad.
La Consejería de Sanidad dispondrá, mediante dos contratos, de 462.000 unidades vacunales con adyuvante, cuyo importe asciende a 2.066.064 euros y otras 210.000 dosis de la vacuna crecida en cultivos celulares, por 764.400 euros; en total, 672.000 vacunas presupuestadas en 2.830.464 euros.
Para la adquisición de estas unidades, la Administración sanitaria de Castilla y León se ha adherido, como en años, al acuerdo marco suscrito por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la mayoría de las comunidades autónomas españolas, para la compra centralizada de vacunas.
El lote de vacunas antigripales con adyuvante está dirigido mayoritariamente a la población mayor de 70 años, si bien, por razones de una mayor protección inmunitaria, también se administra a población mayor de 65 años institucionalizada, ya que se trata de una formulación especialmente elaborada para mejorar la respuesta inmunológica frente al virus en personas que normalmente la presentan baja.
Por su parte, las 210.000 dosis de crecimiento celular tienen como destinataria la población de entre dieciocho y 70 años que conforma los siguientes grupos de riesgo sanitario y social a los que se le recomienda vacunarse: población mayor de 60 años; pacientes de enfermedades crónicas respiratorias, cardiológicas, metabólicas, renales, etc.; mujeres embarazadas; profesionales sanitarios y socio-sanitarios; personal de servicios públicos esenciales, tales como policías, bomberos, de Protección Civil; personas que puedan convertirse en transmisores involuntarios de la gripe: personal de instituciones geriátricas, cuidadores a domicilio; profesores y otros docentes; residentes en instituciones penitenciarias y centros tutelares de menores; y trabajadores de granjas y mataderos avícolas.