En el Consistorio se defienden de las manifestaciones del PP y afirman que no es su deseo formar "un juicio paralelo" en este asunto.
En un comunicado de prensa, el equipo de Gobierno municipal ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por la concejal del PP María José Fuentes en las que avanzaba este miércoles que han instado a una comisión de Personal para esclarecer dudas sobre este tema.
El comunicado, literalmente, dice así:
"El Ayuntamiento de Soria ha actuado con total diligencia y transparencia en la tramitación del expediente sobre la denuncia por presunto cohecho de un funcionario con habilitación nacional siguiendo en todo momento las indicaciones del informe de la Secretaría general emitido el 13 de septiembre, apenas 24 horas después, de conocerse la denuncia presentada por la empresa adjudicataria del servicio de transporte".
"El Ayuntamiento no quiere formar parte de ningún juicio paralelo y, por ello, su actuación se ajusta a las pautas marcadas por el gabinete jurídico municipal tratando de dotar al proceso del mayor rigor posible y evitando estridencias innecesarias. Además de seguir estas indicaciones ha apostado por ofrecer en todo momento información inmediata a los restantes grupos con comisiones y Juntas de Portavoces y seguirá en idéntica línea para facilitar con total transparencia todas las novedades de un proceso en cuyo expediente no es la autoridad competente. Por ello, se convocará la comisión solicitada y presentada hoy en registro con su orden del día dando, de nuevo, toda la información a los grupos en idéntica línea a la seguida hasta el momento".
"El informe de secretaría general, dentro de los fundamentos jurídicos, apunta a que será el Juzgado quien determinará, mediante auto, si existe base para proseguir con las investigaciones o no. Si no lo considera, dictará, como ha ocurrido auto de sobreseimiento (artículo 779 LECr)".
"El documento insiste textualmente en que en todas estas actuaciones el Ayuntamiento no es parte, pudiendo serlo solamente si el Juzgado considera que ha de considerársele perjudicado por el supuesto delito. En este sentido añade el escrito que no procede que el Ayuntamiento realice actuación alguna en el ámbito penal ni procede el ejercicio del Ayuntamiento de la acusación popular (sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2013)".
"En el apartado administrativo se entiende que ha de darse traslado de las actuaciones a la administración competente para imponer, en su caso, la sanción disciplinaria. Pues bien, sigue el informe, como la administración competente para incoar un expediente disciplinario a un empleado público es aquella en la que presta sus servicios (art. 94.1 del EBEP) no sucede lo mismo con los funcionarios con habilitación de carácter nacional, en relación con los cuales existe una competencia concurrente de tres administraciones (Ley 27/2013 de 27 de diciembre)".
"De esta forma, se establece en función de la calificación de la falta qué administración es la competente para incoar expediente. El informe de secretaría general estima que ha de darse traslado de la denuncia obrante a la Junta de Castilla y León por ser la competente para incoar en su caso expediente disciplinario. En aplicación del artículo 92bis transcrito es también a esta administración a la que compete la realización de las diligencias previas antes de abrir el expediente así como para decretar o alzar la suspensión provisional del expedientado. No procede, afirma literalmente el informe, ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Soria".
"Se concluye que el Ayuntamiento ha de dar traslado de la denuncia obrante en las dependencias a la Junta por ser competente para incoar, en su caso, expediente disciplinario. No procede, a juicio del que suscribe, adoptar ninguna otra medida por parte del Ayuntamiento ni en el ámbito penal ni en el administrativo".
"Desde el equipo de Gobierno, por lo tanto, lo que se ha hecho es seguir de forma rigurosa los pasos marcados por la legislación y detallados por la secretaría general. Actualmente, el expediente está en manos del Ministerio una vez que la Junta, en su momento administración competente, decidió trasladar el expediente a este órgano".