El texto contempla las condiciones del aplazamiento a partir del 1 de enero del año entrante.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto por el que se regulan las condiciones de la prórroga al ejercicio 2017 de los Presupuestos Generales de la Comunidad actualmente en vigor. El texto normativo, que se aplicará de manera transitoria hasta que las Cortes aprueben unas nuevas cuentas para el año que viene, dispone la prolongación de los créditos iniciales de 2016 en todos los capítulos, con carácter general, salvaguardando la estabilidad.
La elaboración del Anteproyecto de Presupuestos requiere disponer de un conjunto de parámetros imprescindibles para garantizar que su contenido se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, tal y como exige la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Así, para efectuar una "planificación responsable y rigurosa" de ingresos y gastos, la Junta necesita conocer con antelación y certeza la cuantía de las entregas a cuenta que va a recibir del modelo de financiación autonómica y los objetivos de déficit y deuda pública asignados a Castilla y León.
De hecho, el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, de ámbito autonómico, estipula que el techo de gasto ?que constituye el primer paso para la elaboración de los Presupuestos? sólo se acordará una vez haya sido aprobado el objetivo individual de estabilidad para la Comunidad.
Fuentes del Ejecutivo regional han recordado que este último trámite acaba de formalizarse, puesto que los límites de déficit y deuda para cada autonomía fueron asignados hace tan sólo una semana, concretamente el día 22, durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y validados un día después por el Consejo de Ministros.
Dadas estas circunstancias y ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico 2017, es preciso prorrogar las cuentas que están en vigor, según especifican tanto el Estatuto de Autonomía como el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
De acuerdo con estas disposiciones legales, el decreto aprobado hoy en Consejo de Gobierno recoge la prórroga de los créditos iniciales aprobados para 2016, salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse. Así, durante la prórroga se atenderán con normalidad los gastos de personal (capítulo 1) sobre la base de las remuneraciones previstas en los Presupuestos de 2016; los necesarios para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales (capítulo 2), y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad (capítulos 3 y 9).
Asimismo, el decreto permite atender el resto de las actuaciones que ya se vinieran realizando durante este año, así como las que se deriven de convenios o programas vigentes a 31 de diciembre que comporten obligaciones en 2017 o de las inversiones plurianuales comprometidas, permitiendo su imputación a los distintos capítulos, conforme a la naturaleza del gasto, según se trate de transferencias corrientes y de capital (capítulos 4 y 7), inversiones reales (capítulo 6) o activos financieros (capítulo 8). También se permite la imputación de partidas financiadas con recursos finalistas cuando su recepción esté debidamente acreditada.
Adicionalmente, la norma establece que una vez que se han imputado los gastos procedentes de compromisos generados en ejercicios anteriores, podrán imputarse otros hasta el límite del 80 % del crédito prorrogado. Precisamente este último precepto constituye una de las principales novedades con respecto al Decreto 71/2011, de 29 de diciembre, por el que se regularon las condiciones de la Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011.
A diferencia de lo ocurrido hace cinco años, el texto aprobado hoy confiere a los distintos departamentos del Gobierno autonómico más flexibilidad para disponer de recursos, puesto que se elimina la obligatoriedad general de contar previamente con la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda. El permiso de Economía y Hacienda sí será necesario cuando se considere imprescindible llevar a cabo un gasto que, a la vez, suponga exceder el límite del 80% del crédito prorrogado. En este supuesto, el departamento responsable de la propuesta deberá elaborar una memoria justificativa de su necesidad, su repercusión, los efectos presupuestarios y las previsiones de financiación que requiera.
Las normas de imputación de gastos reguladas en este decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e instituciones propias de la Comunidad; y a la 31, Política Agraria Común (PAC).