El sindicato independiente reclama a las administraciones que aporten los recursos económicos necesarios para tener unos bomberos profesionales y unos servicios anti-incendios y de emergencias bien formados y de calidad, en lugar de fomentar servicios de voluntarios que no se ajustan a la legislación vigente.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defiende un servicio de bomberos público y profesional, y exige a las instituciones que respeten la ley, así como los principios de igualdad y de mérito para acceder a la carrera profesional de bombero funcionario. El sindicato independiente reclama a las administraciones que aporten los recursos económicos necesarios para potenciar los servicios de bomberos y emergencias profesionales y de calidad, en lugar de fomentar servicios de voluntarios que no cumplen la ley y que están propiciando continuos enfrentamientos.
Ante la polémica que se ha generado con los bomberos voluntarios en la provincia de Soria, CSIF apoya "incondicionalmente" a los bomberos funcionarios de carrera, no sólo en Soria y en Castilla y León, sino en todo el ámbito estatal; y no permitirá "ataques contra el bombero profesional por aquellos que, escudándose en agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, quieran ostentar una función pública que ninguna de las leyes les permite, ni han ganado en oposición de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y publicidad", para acceder a un puesto de bombero de las administraciones públicas.
CSIF insta a las administraciones a que aborden este asunto, a que pongan los recursos económicos necesarios, y a que tomen medidas para evitar mayores conflictos y enfrentamientos.
"Las administraciones regionales, provinciales y locales se valen de parte de las leyes que les apetece", afirma Juan Carlos Prieto, coordinador autonómico de Seguridad y Bomberos de CSIF Castilla y León, "cerrando los ojos a las partes determinantes que les obliga en sus competencias, evitando la creación de empleo público necesario, permitiendo el intrusismo y dejando la puerta abierta a favoritismos y enchufes".
Juan Carlos Prieto recuerda que la intervención de personal del voluntariado está regulada por la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León y la Ley 8/2006 de Voluntariado de Castilla y León, "reservando a estos colectivos su papel de complementar al profesional cuando éste lo solicite, bajo su supervisión y dirección de una forma altruista (es decir, sin percepción económica ninguna ni otro tipo de beneficio).
CSIF exige el cumplimiento de la ley en aquellas funciones que impliquen potestad pública y agencia de autoridad, "que es función exclusiva de los funcionarios de carrera, sin poder ser suplantados". En este sentido, "la emergencia en incendios y salvamento sólo puede estar en manos de personal profesional, con conocimientos renovados, preparado para actuar de manera inmediata", con servicios públicos que estén permanentemente listos y en guardia para intervenir de manera inmediata.
CSIF entiende que las administraciones responsables están obligadas a prestar a la ciudadanía este servicio esencial, como es la seguridad ante incendios y salvamento, y por tanto reforzar la intervención de los servicios profesionales, prestados por la figura del agente de la autoridad implícita en el bombero funcionario de carrera, para garantizar la seguridad de la vida y bienes de los ciudadanos, con un servicio de calidad.
Juan Carlos Prieto insiste en que "nuestra propuesta es fomentar los Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento con funcionarios profesionales, su formación y su dotación de material correspondiente, y que sean complementados, allí donde sea necesario, por el voluntario para la extinción, siempre bajo la dirección y supervisión del profesional funcionario como establecen las diferentes leyes".
CSI-F apoya a los bomberos funcionarios profesionales de los 16 servicios de Castilla y León, así como apoya la colaboración altruista no remunerada de aquellos voluntarios que deseen desarrollar esa labor sin entrar en el intrusismo, pero exige a las administraciones locales a que potencien los servicios profesionales y no los voluntarios, "como se está haciendo cada vez más por motivos económicos, deteriorando así el servicio anti-incendios, emergencias y salvamento".