Da la razón a las concesionarias de la y obliga a la Junta a elevar estos costes. El fallo resuelve así el contencioso para el ejercicio de 2012, si bien "quedan pendientes los de 2013, 2014 y 2015".
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la actualización automática de tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), "a la que los concesionarios del servicio en la Comunidad de Castilla y León tenían derecho según la normativa". Por tanto, se ha pronunciado en contra de la congelación -acordada por la Dirección General de Industria y Empleo de la Junta el 2 de julio de 2012- de las tarifas a percibir durante ese ejercicio por las concesionarias de la ITV en la Comunidad.
La Junta aduce que en diciembre de 2011, se decidió no actualizar las tarifas de los concesionarios de ITV en la Comunidad para el año 2012. A esa congelación tarifaria le siguieron las de los años 2013 y 2014. Adicionalmente, en enero de 2015, la Administración regional dictó una Orden para la rebaja del 20% del precio de las ITV porque, según se justificó entonces, "eran las más caras de toda España".
Compensaciones millonarias
De confirmarse otras sentencias en sede casacional relativas a la congelación de las relativas a 2013 y 2014, junto a la rebaja del 20% establecida en 2015 -también recurridas por las concesionarias-, la Junta se verá obligada a incrementar las actuales tarifas de ITV en Castilla y León así como a abonar millonarias indemnizaciones a las empresas de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos (AECyL-ITV), integrada por Itevelesa, Itevecasa y Atisae.
Fuentes próximas a la asociación cifran en más de 7,5 millones la cantidad que habría de abonar la Junta sólo para compensar los perjuicios ocasionados en 2012 "por la no actualización -hasta la fecha de hoy- con arreglo al IPC". Si bien añaden que "las compensaciones podrían superar los 230 millones, sin incluir intereses, si los próximos fallos judiciales también le son favorables y si se tiene en cuenta que la adjudicación del contrato no expira hasta 2029".
La sentencia, que condena en costas a la parte recurrente -con una imposición de 6.000 euros-, "entiende que la Junta está obligada a la revisión de las citadas tarifas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC)", sin que tal medida pueda entenderse como una "suerte de potestad discrecional" otorgada a la Administración regional.
Por otro lado, la representación de los trabajadores de la principal concesionaria castellanoleonesa, Itevelesa, está a la expectativa de las posibles negociaciones que están manteniendo con la Junta los nuevos accionistas de Grupo y su consejero delegado "puesto que las congelaciones tarifarias y los recortes aplicados por la administración regional afectaron a sus ingresos desde 2012 así como a los términos de la negociación de su convenio colectivo, dada la delicada situación en que se encontraba la compañía en aquellos momentos".
Las movilizaciones de la plantilla de la firma concesionaria, que fue a la huelga en el verano de 2015 e incluso protagonizó un encierro en la sede de la ADE en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), concluyó con el compromiso de la compañía de efectuar una revisión de los acuerdos laborales -el convenio para cuatro años, con congelación salarial e incremento de horas-. No obstante, dicha revisión "estaba vinculada al éxito" de los procedimientos judiciales seguidos por la compañía.