El Gobierno regional adjudicó 1.150 contratos en el primer cuatrimestre de 2016 por 159 M? y donde figuraban este tipo de directrices vinculantes.
El porcentaje de incorporación de cláusulas sociales en el volumen de contratación ha ido creciendo año tras año, a partir de septiembre de 2012, cuando se alcanzó el primer acuerdo de incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. En el acumulado desde la entrada en vigor de este primer acuerdo, el 1 de septiembre de 2012, hasta el 30 de abril de 2016, la Junta ha adjudicado un total de 6.581 contratos que incorporan cláusulas sociales por importe de casi 747 millones de euros.
2016 ha sido un año clave para una contratación pública socialmente más responsable ya que, en julio, la Junta de Castilla y León dio un nuevo paso en este sentido aprobando nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, un nuevo paso que consolida todos los acuerdos sociales del acuerdo de 2012 e incorpora importantes novedades a través de tres instrumentos: cláusulas sociales, reserva de contratos y proyectos de inserción socio-laboral.
Este acuerdo establece la incorporación de cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública que primen, a la hora de adjudicar un contrato, a aquellas empresas con una visión más social, a las que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.
La novedad más destacada del nuevo acuerdo son los proyectos de inserción socio-laboral, entendidos como actuaciones para fomentar la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público. Los colectivos inicialmente destinatarios de estos proyectos de inserción socio-laboral son beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, se amplía la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción, y también se amplía el catálogo de actividades objeto de reserva. Además, se eleva del 6,5% al 6,8% la reserva de contratación.
Junto a esto, se incorpora también a las empresas de inserción en el mecanismo de reserva de contratación vinculante, reservando anualmente un importe objetivo de contratos de 500.000 euros.
El nuevo acuerdo también facilita aún más a los órganos de contratación la incorporación de cláusulas sociales mediante un catálogo de cláusulas explícitas que dé lugar a un 'Banco de buenas prácticas'.