Diputación y Junta rubrican un acuerdo para la puesta en marcha de una iniciativia que impulsará la ordenación, la innovación y la promoción del sector en el ámbito local
La Diputación de Soria ha firmado hoy el Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), para la puesta en marcha de la Red de Agentes de Comercio Interior de la Comunidad. En dicho acto, que fue presidido por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, estampaban su rúbrica 8 diputaciones provinciales y 14 ayuntamientos de la región, así como la propia Administración regional.
Tras el protocolo de la firma, la vicepresidenta de la Institución provincial, Esther Pérez, ha manifestado que "todo lo que sea consensuar medidas que impulsen desde dentro una mejor gestión del proceso comercial interno será beneficioso, tanto para las administraciones como para los comercios y empresarios del sector. En este proyecto estamos involucrados la Junta, Diputaciones y un buen número de ayuntamientos con el convencimiento de que herramientas de este tipo sólo pueden mejorar las relaciones comerciales en Castilla y León y, por lo tanto, en Soria. Se trata de un resultado consensuado para la mejora de las relaciones comerciales entre todos los agentes del sector involucrados en la gestión".
El convenio tiene por objeto constituir la Red de Agentes de Comercio Interior de Castilla y León (en adelante RACI), como un instrumento mediante el que la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en colaboración con las Entidades Locales participantes impulse la ordenación, la innovación y la promoción del comercio local.
La RACI se constituye como una herramienta de cooperación interadministrativa que, bajo la coordinación de la Dirección General competente en materia de comercio, sirva de nexo de unión entre los comerciantes y sus asociaciones y la administración, y de instrumento de cooperación y coordinación entre la administración regional y la local.
Podrán ser miembros de la RACI los Ayuntamientos de las nueve capitales de provincia y de los municipios con población superior a los 20.000 habitantes y las nueve Diputaciones Provinciales, así como localidades con menor número de habitantes pero suficiente tejido industrial que así lo solicite.
La función principal de la RACI será la de recabar información a fin de prestar asesoramiento y apoyo técnico al comercio y orientar a las administraciones participantes en la toma de decisiones que puedan influir en la política en materia de comercio, sobre la base de una formación especializada, de unas herramientas adecuadas y de la colaboración con las entidades representativas de los intereses del sector comercial.
El texto del propio convenio especifica que, si bien la política en materia de comercio no forma parte de las competencias propias ni de las atribuidas por delegación a las Entidades Locales, salvo lo dispuesto en la Ley de Comercio de Castilla y León en relación con la venta ambulante, éstas sí tienen competencias y ejercen funciones en áreas complementarias a la política comercial y con repercusión en este sector.
El sector comercial tiene un peso muy significativo en el conjunto de la actividad económica regional, en términos tanto de producción como de empleo o del número de empresas, constituyendo un elemento decisivo en el desarrollo económico de nuestras ciudades y pueblos.
Por este motivo, recoge el convenio, las políticas de ordenación, promoción y apoyo al sector comercial desarrolladas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León afectan a las Corporaciones Locales de su territorio, dado que influyen en la ordenación comercial y dinamismo económico dentro de su correspondiente ámbito territorial, siendo innegable que las actuaciones desarrolladas por estas Corporaciones en otros ámbitos determinan en gran medida la efectividad de dichas políticas.
Por todo ello, la puesta en marcha de un mecanismo que permita la coordinación entre ambas Administraciones, Regional y Local, al objeto de racionalizar experiencias, generar sinergias mediante acciones conjuntas y evitar duplicidades, redundará en beneficio del sector comercial de la Comunidad y, por ende, del conjunto de la actividad económica regional.
En este sentido, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se considera que es posible compartir actuaciones en materia de comercio siempre y cuando éstas se lleven a cabo de forma coordinada y evitando duplicidades.
Finalmente, la RACI se servirá de los medios personales y materiales propios de las administraciones participantes y desarrollará sus funciones a través de dos organismos principalmente: una comisión de trabajo que lo formarán cuatro miembros, dos designados por por la Dirección general y otros dos por la correspondiente entidad, y una Comisión de seguimiento formada por un miembro de cada administración.
Cada una de las partes firmantes del acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años, se compromete a desarrollar medidas para asegurar la operatividad de la Red. En este sentido, la Consejería de Economía y Hacienda asume la obligación de crear un Portal del Comerciante, con versiones específicas para cada una de las entidades locales participantes, que recopile datos sobre los establecimientos de la Comunidad e información de utilidad para el sector y permita una participación activa 'online'.
Los ayuntamientos y las diputaciones, por su parte, velarán por la actualización del portal, constatarán el alcance de las iniciativas de simplificación administrativa, favorecerán el intercambio de experiencias y recopilarán las necesidades de los empresarios dentro de su ámbito territorial.
La RACI se servirá de los medios personales y materiales propios de las administraciones participantes, por lo que no generará incremento de gasto público, y desarrollará sus funciones a través de comisiones de trabajo ?una por cada entidad integrante? y de una comisión de seguimiento de carácter autonómico. Las normas de funcionamiento de cada órgano se concretarán en sus respectivas reuniones constituyentes.
El reto es que la herramienta que arranca hoy favorezca una óptima coordinación entre las administraciones autonómica, provincial y local, que permita generar sinergias mediante iniciativas conjuntas y evitar duplicidades, para que las políticas aplicadas redunden con mayor eficacia en beneficio del comercio.