Miguel Borra admite que esta medida "tiene un coste, pero es para crear empleo, igual que tiene un coste la decisión del Gobierno de reducir las cotizaciones de la Seguridad Social para nuevos contratos, y gracias a eso se crean puestos de trabajo".
La vuelta a la jornada de las 35 horas, que supone recuperar un derecho "arrebatado", "sería una manera de crear puestos de trabajo, que cotizarían a la Seguridad Social, algo importante, que cotizarían en su IRPF, que animarían el consumo, y que mejorarían los servicios públicos de los castellanos y leoneses con el refuerzo de las plantillas", ha señalado el presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Miguel Borra, este viernes en Soria.
Según ha calculado el dirigente sindical, en Castilla y León, la aplicación de las 35 horas podría generar la contratación, inmediata en muchos casos, de unos 4.000 puestos de trabajo, que irían destinados -principalmente- a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, además de otros servicios que se aplique la jornada laboral con turnos.
El sindicato lamenta que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las disputas de los partidos culpabilicen a los empleados públicos por defender un derecho arrebatado, como es el de la jornada de 35 horas. En este sentido, lamentan que se está "retorciendo y tergiversando" el sentido de esa reivindicación, "que puede generar más riqueza y empleo para el Estado, con el refuerzo de las plantillas en los servicios públicos".
Borra ha resaltado que Castilla y León es la primera Comunidad gobernada por el PP que ha pedido al Gobierno las 35 horas, aunque ha recordado que en otras comunidades en las que se ha aprobado la recuperación de la jornada de las 35 horas, como son Andalucía y Extremadura, el PP no ha votado en contra. Por eso, en la agrupación sindical reclaman un acuerdo político entre Gobierno y las diferentes fuerzas parlamentarias que permita avanzar en unos presupuestos, y pide que no se utilice a los empleados públicos como "moneda de cambio" en una eventual negociación.
Borra, que acudía a la capital soriana para informar de los encuentros que el sindicato independiente más representativo de las administraciones públicas está manteniendo con responsables de los gobiernos central y autonómicos, ha aprovechado su estancia en la ciudad recabar apoyos y promover mejoras en las administraciones públicas, en un momento político y económico clave, y ante la negociación de los PGE para 2017.
Según ha apuntado, en el sindicato esperan que el Ministerio de Hacienda responda con medidas concretas a las reivindicaciones de los empleados públicos, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, que previsiblemente se celebrará este mes, tras "años de recortes y pérdida de poder adquisitivo".
Las reivindicaciones de CSIF que siguen encima de la mesa pasan una oferta de empleo público urgente sin tasa de reposición; aumentar la partida presupuestaria para la carrera y desarrollo profesional; la recuperación de los 'canosos' para todos los empleados públicos, sin tener que recurrir a tribunales; eliminar los descuentos en la nómina por baja médica; o la recuperación del concurso de méritos y la jornada de 35 horas.
En el caso de las 35 horas, CSIF está intensificando su interlocución con el fin de forzar al Gobierno a derogar el decreto de recortes que impide a las comunidades autónomas negociar esta medida con los sindicatos. Así ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido anulada la jornada de 35 horas por parte del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad madrileña.
Borra ha insistido en la preocupación que viven los empleados públicos, "porque no sabemos qué va a pasar con los Presupuestos. Hemos perdido más del 30% del poder adquisitivo desde el inicio de la crisis, y esto hay que empezar a revertirlo". Por ello, CSIF se opone "firmemente" a una congelación salarial, y aboga por un plan que abarque toda legislatura, para planificar la recuperación del poder adquisitivo que ha perdido el empleado público.
Borra también ha pedido que se aborde "urgentemente" la oferta pública de empleo en Castilla y León, para contar con el número de empleados públicos necesarios para prestar los servicios públicos. El presidente nacional de CSIF ha recordado igualmente que en enero se han perdido 10.300 puestos sanitarios en España, en plena crisis de gripe, acumulando una destrucción de 45.000 puestos de empleados públicos desde septiembre.