En las instalaciones de estas empresas, la Guardia Civil encuentra quince canales de jabalíes y cuatro de ciervos colgados y eviscerados, sin ningún tipo de identificación sanitaria.
En el marco de la operación Opson VI, de seguridad alimentaria, cuya finalidad es la lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, ha inspeccionado a dos empresas de la provincia, especializadas en la comercialización de carne de caza para consumo humano. La Benemérita ha podido constatar la existencia de varias infracciones en materia sanitaria.
Se ha comprobado que las citadas empresas recogían las piezas de caza sin que ningún veterinario realizara el primer y preceptivo examen sanitario y colocara los correspondientes precintos de identificación, en el lugar de la actividad cinegética.
Posteriormente y una vez en las instalaciones, veterinarios contratados por estas empresas, colocaban los precintos de color azul y cumplimentaban los certificados sanitarios, haciendo creer al servicio oficial que los cadáveres de los animales habían sido reconocidos en el lugar donde habían sido cazados.
En el momento de las inspecciones, se localizaron en las instalaciones de estas empresas 15 canales de jabalíes y 4 de ciervos colgados y eviscerados, sin ningún tipo de identificación sanitaria.
Según la normativa sobre la materia, las piezas de caza abatidas que pueden ser destinadas a la comercialización para el consumo humano, deben ser sometidas en el lugar de la actividad cinegética al examen veterinario con el fin de detectar posibles anomalías y verificar que la muerte no se debe a motivos distintos de la caza, debiendo ser las piezas identificadas con los precintos suministrados por el Servicio Territorial de Sanidad.
Por todo ello, la Guardia Civil ha procedido a denunciar a los citados centros de recogida de caza, ante el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, por varias infracciones a la Ley de Ordenación del sistema sanitario.