La subdelegada se reúne con los empresarios en un encuentro donde afirma que la sociedad estatal ha cumplido con los acuerdos adoptados por la junta de compensación del polígono industrial.
La subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, ha asegurado esta mañana a los representantes de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) "no ha sido nunca ningún obstáculo para desarrollar el polígono industrial de Valcorba", a lo que ha añadido que esta entidad ha ha cumplido los acuerdos adoptados por la junta de compensación ya que es la parte más interesada en que las parcelas del polígono puedan ser comercializadas cuanto antes.
En el encuentro de esta esta mañana a petición de FOES, su presidente, Santiago Aparicio, ha pedido información sobre el estado actual de los trabajos que se llevan a cabo en este polígono. De Gregorio ha explicado que en diciembre de 2016 comenzaron las obras de la subestación eléctrica cuya duración está estimada en 18 meses.
Además, en la última asamblea de la junta de compensación, en noviembre del 2016, y según la responsable del Gobierno en la provincia, se decidió solicitar a la Diputación que iniciase las expropiaciones de los terrenos para restituir el tramo de la carretera de Alconaba afectado por la ejecución de las obras del polígono.
Aparicio ha manifestado que "nos encontramos en un momento de movimiento del sector industrial" lo que considera preciso y que es necesario poder disponer de suelo industrial para ofertar a los empresarios. Esta ha sido una de las reivindicaciones que elevaba la patronal a la subdelegada del Gobierno en la reunión donde han estado presentes, por parte de FOES, su vicepresidente, Víctor Mateo, y su directora general, María Ángeles Fernández.
Ambas partes se han ofrecido su total colaboración y cooperación para luchar por "resolver los problemas de Soria y de los sorianos". Para FOES, uno de estos problemas es la falta de infraestructuras viarias y ferroviarias.
Por otra parte, Yolanda de Gregorio ha explicado que las obras de la A-11 continúan y que cuentan con una proyección plurianual recogida en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados, por lo que hay reserva de crédito hecha para acometer las obras en los seis tramos que discurren por la provincia soriana.
Esta proyección contempla que los trabajos estén terminados en 2019. De momento el grado de ejecución en su conjunto ronda el 30%. La siguiente prioridad marcada por este Gobierno es el enlace de la A-11 con la A-15 y el trazado que dé continuidad a esta vía hasta su conexión con la AP-68.
Con respecto al ferrocarril, la subdelegada espera que los próximos PGE recojan una partida presupuestaria para completar la renovación de la línea entre Soria y Torralba. De momento, se ha modernizado la mitad del trayecto y faltan unos 46 kilómetros por reformar. También ha recalcado que "es importante que el Gobierno haya mantenido la Obligación de Servicio Público de este ferrocarril, puesto que es absolutamente deficitario, lo cual significa que su continuidad está garantizada sin necesidad, como ocurría antes, de la firma de un convenio con la Junta de Castilla y León. El Estado asume ese déficit".
Los representantes de los empresarios han preguntado también por la previsión de fecha de apertura del nuevo centro penitenciario de Soria. La subdelegada no se ha atrevido a aventurar ninguna fecha, entre otras cosas "porque las obras no están concluidas. Faltan elementos tan esenciales como el colector de aguas residuales o el equipamiento".
En cuanto al Banco de España, FOES ha recordado que propuso en su momento que fuera una subsede del Museo del Prado y que consideran que este sería su mejor destino. De Gregorio ha explicado que en los últimos diez años, "no se ha podido definir un uso cultural asumible por el Ministerio" por lo que "ante la amenaza de que las obras se parasen, se decidió que el Banco de España fuese sede de la Subdelegación del Gobierno con el fin de que este último edificio albergase la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía".
También ha señalado que esta solución ha sido, según le consta, del agrado de muchos empresarios del comercio y de la hostelería de Soria puesto que el alejar un edificio como la Comisaria del centro resta "vida y posibilidad de negocio a la ciudad". En este sentido les ha explicado que unas 20.000 personas pasan cada año por la comisaría de la calle Nicolás Rabal, de las cuales más de 15.000 obtienen o renuevan su DNI o pasaporte y más de 4.000 formulan alguna consideración o denuncia. Además, en torno al 10% de quienes utilizan los servicios de la oficina del DNI y del Pasaporte son ciudadanos de fuera de la provincia, es decir, en torno a 1.500.