El documento gira en torno a cuatro materias prioritarias para avanzar en el desarrollo de Castilla y León. Se asienta en la convicción común del carácter estratégico de este sector para Castilla y León y su contribución a la modernidad y competitividad de la economía.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha rubricado hoy en las Cortes un acuerdo de Comunidad por la reindustrialización de Castilla y León con cinco fuerzas políticas con presencia en la Cámara autonómica –Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés–, representadas por sus respectivos portavoces parlamentarios –Juan José Sanz Vitorio, Luis Tudanca, Pablo Fernández, Luis Fuentes y Luis Mariano Santos–. Esta alianza implica que los firmantes reconocen el Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 como el instrumento de referencia sobre el que se articulará la estrategia de impulso a este sector, que incluye el compromiso de que el gasto público en I+D+i alcance el 3 % del gasto no financiero del presupuesto de las consejerías para 2019, y el reto de que la actividad manufacturera alcance un peso del 20 % sobre el Producto Interior Bruto (PIB) autonómico al finalizar el horizonte temporal marcado.
El pacto sellado esta mañana entre la Junta y cinco partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León reconoce el Plan Director de Promoción Industrial, que el Ejecutivo autonómico aprobará en próximas fechas, como el eje e instrumento fundamental de referencia sobre el que implementar la estrategia de competitividad de este sector en la Comunidad. Este pacto tiene su origen en la mano tendida por el presidente Herrera a los grupos parlamentarios, durante su discurso de investidura –el 2 de julio de 2015–, para trabajar conjuntamente por el gran objetivo de reindustrializar la Comunidad y potenciar este sector generador y tractor de riqueza y empleo.
Esta oferta tuvo su respuesta el 22 de julio con la firma de un acuerdo de Comunidad entre el jefe del Ejecutivo autonómico y los grupos mayoritarios en las Cortes –Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos– en torno a cuatro materias prioritarias para avanzar en el desarrollo de Castilla y León. Una de ellas hacía referencia al impulso de la industria, de manera que las partes se comprometían a negociar un pacto con esta finalidad, en el marco del Plan Director de Promoción Industrial. A esta voluntad se unieron también las dos fuerzas políticas que integran el Grupo Mixto: Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés.
El acuerdo se asienta en la convicción común del carácter estratégico de este sector para Castilla y León y su contribución a la modernidad y competitividad de la economía. En este sentido, conviene recordar que la industria manufacturera representa el 17,7 % del Valor Añadido Bruto (VAB) de la Comunidad –según los últimos datos de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2015–, un porcentaje que es 3,5 puntos superior al peso que tiene esta actividad en el conjunto nacional.
La aportación de la industria al pujante comercio exterior también ha sido decisiva, ya que es responsable de alrededor del 95 % de los 17.179,4 millones de euros que alcanzaron las exportaciones autonómicas al cierre de 2016. Por último, en términos de empleo, el sector concentra el 17 % de los ocupados en Castilla y León, 163.700 trabajadores, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2016.
Estos datos han servido al presidente Herrera para repasar el camino ya recorrido en materia de política industrial. Así, entre los antecedentes más inmediatos del acuerdo rubricado esta mañana, está el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020 –sellado entre la Junta y los agentes económicos y sociales del Consejo del Diálogo Social– y la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León –que prevé su desarrollo a través de un Plan Director de Promoción Industrial–.
En este contexto se ha elaborado el documento al que hoy han prestado su respaldo cinco fuerzas políticas con presencia en la Cámara autonómica. Para su redacción se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por los grupos de las Cortes, el Consejo del Diálogo Social y el Consejo Económico y Social (CES), así como por las entidades, instituciones y organizaciones más representativas de la Comunidad.
El Plan Director de Promoción Industrial establece cuatro objetivos generales. El primero es reindustrializar y avanzar en el liderazgo industrial de Castilla y León para que la industria manufacturera represente el 20 % del VAB en el año 2020. Los esfuerzos se centrarán en el crecimiento de los sectores definidos en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020.
En segundo lugar, el texto recoge el compromiso de incrementar el gasto público en I+D+i hasta alcanzar el 3 % del gasto no financiero del presupuesto de las consejerías para 2019, con el objetivo de llegar al 3 % del PIB entre la inversión pública y privada en el ejercicio siguiente.
De este modo, la Junta asegura un apoyo económico mínimo de 350 millones de euros en concepto de ciencia y tecnología en 2020, entre fondos presupuestarios y extrapresupuestarios, aunque según los cálculos estimativos será incluso mayor, de 378,25 millones. Si se suman los recursos previstos durante el horizonte completo del Plan, 2017-2020, el volumen de inversión directa e inducida en innovación alcanzará los 1.433 millones de euros.
El tercer reto pasa por impulsar nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos como fuente de riqueza y reforzar los sectores industriales consolidados en el territorio. Y, en cuarto y último lugar, se diseñan medidas para aumentar el tamaño y las capacidades de las empresas del sector.
El acuerdo firmado hoy amplía estos objetivos con otros nuevos y por ello el documento se incorporará al Plan Director de Promoción Industrial. En concreto, el texto del pacto subraya el apoyo al carbón autóctono en el modelo productivo y plantea abordar el reequilibrio territorial de la implantación industrial en la Comunidad para favorecer su cohesión económica y social. También propone mejorar la financiación de iniciativas industriales mediante la conversión de Sodical –sociedad participada por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE)– en un Instituto Financiero de Castilla y León.
En paralelo, precisa que se trabajará en el impulso a infraestructuras como los parques tecnológicos de Valladolid, León y Burgos, y en mejorar la capacidad logística y de la red ferroviaria para el transporte de mercancías de la mano del Gobierno de España.
Para cumplir estos retos, el Plan articula una batería de medidas horizontales, dirigidas a mejorar la competitividad del tejido industrial en sentido amplio, y otras de carácter vertical, poniendo el acento en determinadas actividades por su relevancia actual o potencial.
La política transversal descansa sobre cinco ejes: dimensión del sector; innovación tecnológica y digitalización; internacionalización; financiación, y entorno industrial. En el caso de los tres primeros, se trata de apoyar el emprendimiento, la creación y consolidación de empresas, e incidir en la atracción de inversiones; avanzar en la implantación de la Industria 4.0 y poner en marcha un Plan de Retorno Profesional y Científico, y ampliar la base de compañías exportadoras.
En cuanto a la financiación, el objetivo es instrumentar apoyos a la medida de las necesidades de las empresas y garantizar que ningún proyecto viable se queda en el cajón por falta de respaldo. La Lanzadera Financiera de Castilla y León, basada en la colaboración público-privada, seguirá siendo la herramienta de referencia y ampliará su oferta con nuevos productos. En este sentido, cobrarán especial relevancia el capital riesgo, como palanca para el crecimiento, y los programas diseñados para apoyar el emprendimiento y la innovación.
Para la mejora del entorno industrial, en quinto y último lugar, se continuará trabajando en la simplificación administrativa; en la puesta a disposición de infraestructuras de suelo, logísticas y de telecomunicaciones, y en otras iniciativas de competitividad, como las de ahorro y eficiencia energética o la cualificación del capital humano.
Junto a las medidas de alcance general, el Plan Director de Promoción Industrial contiene otras específicas diseñadas para los seis sectores que la RIS3 cataloga como prioritarios por su capacidad generadora de riqueza y empleo: agroalimentación; automoción, componentes y equipos; salud y calidad de vida; energía y medio ambiente industrial; hábitat; industria cultural y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León también prevé cómo dar respuesta a situaciones excepcionales y, en este sentido, el Plan Director de Promoción Industrial hace referencia a los Proyectos Industriales Prioritarios y a los Programas Territoriales de Fomento.
La Junta podrá declarar Proyecto Industrial Prioritario toda propuesta de inversión orientada a la implantación o ampliación de una o varias instalaciones industriales cuando estime que implica una expansión significativa del tejido industrial de Castilla y León o contribuye a su consolidación. Esta figura debe justificarse en razones de interés general.
En lo que respecta a los Programas Territoriales de Fomento, podrán ser aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda –previa consulta a otros departamentos del Gobierno autonómico competentes y tras escuchar al Consejo del Diálogo Social– e implicarán la adopción de medidas específicas en uno o varios territorios por las siguientes circunstancias: que se produzcan crisis empresariales de gran impacto; que la localización de la zona o su concentración de recursos endógenos aconsejen un impulso a su industrialización, o que la ausencia estructural y objetiva de actividad industrial precise de la intervención de la Administración para garantizar un equilibrio territorial. En todo caso, se prestará especial atención a las zonas rurales.
El Plan Director de Promoción Industrial será aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a las Cortes para su validación. Una Comisión de Seguimiento evaluará cada año los avances conseguidos. Además, la consejera de Economía y Hacienda comparecerá ante la Comisión del ramo en las Cortes para presentar el correspondiente informe anual de ejecución. En la primera reunión de este órgano parlamentario, la Junta propondrá y debatirá con los grupos la propuesta de Programas Territoriales de Fomento dirigidos a promover el reequilibrio de la industria en Castilla y León.
Se adjunta, y también en este enlace, el documento íntegro del Pacto, que incluye cuadros económicos.