La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha adquirido una vivienda de protección pública en la localidad palentina de Venta de Baños perteneciente a la Agencia Tributaria para integrarla en el Parque Público de Vivienda y ofrecerla a colectivos de especial protección en régimen de alquiler social.
El precio de adquisición ha sido de 25.100 euros y se trata de una vivienda de protección pública, de 93,70 metros cuadrados, situada en el casco urbano de Venta de Baños, propiedad de la Agencia Tributaria, que había sido adjudicada provisionalmente mediante subasta.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aceptó el ofrecimiento de la Agencia Tributaria y ejercitó, dentro del plazo legalmente establecido, el derecho de adquisición preferente sobre la vivienda, derechos de tanteo y retracto, en aplicación de lo previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley 9/2010 de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León.
Con esta, son ya 106 las viviendas incorporadas al Parque Público de Vivienda en la provincia de Palencia, 59 de ellas propiedad de la Junta de Castilla y León, tres procedentes de la Sareb, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, otras 7 cedidas por los ayuntamientos y rehabilitadas por la Junta dentro del programa Rehabitare y 37 de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
Parque Público de Vivienda
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios. Para ello, la Junta de Castilla y León ha creado un Parque Público de Vivienda en Alquiler, entendido como servicio público de interés general, que ha complementado con una ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas.
El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone de más de 1.640 viviendas incorporadas desde distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural, y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
La última actuación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en materia de vivienda ha sido la firma de un protocolo de colaboración con el Obispado de León para incorporar también viviendas propiedad de la Iglesia en esa provincia que se encuentran en desuso y ponerlas a disposición de las familias con dificultades en entornos rurales, colaboración que puede hacerse extensiva a otras provincias.
La Junta de Castilla y León destinó el año pasado 11,3 millones de euros a la convocatoria de ayudas al alquiler con especial apoyo a las rentas más bajas, triplicando el número de beneficiarios, que en 2016 alcanzó a 8.760 personas.