El consejero (2º izda.) antes de presentar las cuentas de su departamento.


CASTILLA Y LEóN
Actualizado 08/05/2017 21:17:39

Las cuentas de la Consejería buscan garantizar los servicios públicos a través de las políticas de personal, que afectan a los 84.000 empleados públicos de la Junta, entre otros puntos

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha comparecido esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2017 referente al departamento que dirige.

La Consejería de la Presidencia dispondrá de 121,9 millones de euros y de ese total las entidades locales recibirán 76 millones de euros. De Santiago-Juárez se ha referido a este Proyecto de Presupuestos como el primero que puede calificarse de presupuesto postcrisis y ha afirmado que “seguiremos avanzando en las prioridades políticas que nos marcamos al inicio de la legislatura”.

Así, el consejero ha destacado que el incremento presupuestario registrado se concentra en el modelo de ordenación del territorio y en las convocatorias de empleo público, dos objetivos íntimamente vinculados con una mejor prestación de los servicios a los castellanos y leoneses.

El presupuesto de la Consejería de la Presidencia para 2017 asciende a 121,9 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,7 millones de euros, un 2,27 % más que en 2016. Este presupuesto se dedica, fundamentalmente, a uno de los objetivos marcados para esta legislatura: fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad a través del modelo de ordenación del territorio.

El presupuesto de esta consejería también contribuye a la consecución de otro de los objetivos de la legislatura: garantizar los servicios públicos a través de las políticas de personal, que afectan a los 84.000 empleados públicos de la Junta, y a través de otras competencias como la atención a los inmigrantes, emigrantes o retornados a la Comunidad.

La última pieza para culminar el modelo es el Mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios Rurales, cuyo proyecto de ley ya fue remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Con la aprobación del mapa UBOST, se desbloquea el camino para aprobar las Áreas Funcionales Estratégicas y, sobre estas, elaborar el Plan Plurianual de Convergencia Interior y regular el Fondo autonómico de compensación.

De Santiago-Juárez ha recordado que los cuatro objetivos fundamentales que persigue el modelo de ordenación son mejorar los servicios públicos y garantizarlos, de manera muy especial en el medio rural; apoyar el fortalecimiento de nuestros pequeños municipios a través de su asociación voluntaria; corregir desequilibrios territoriales; y apoyar a las entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de estabilidad y disciplina presupuestaria.

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