Este modelo de atención socio-sanitario a personas con discapacidad por enfermedad mental, está basado en la coordinación entre los sistemas social y sanitario como garantía en la atención y pone a la persona como centro de dicha atención, garantizando la continuidad de cuidados y el acompañamiento permanente en los distintos momentos de su vida de acuerdo con el proyecto vital que cada persona haya elegido para sí misma.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González, y el presidente de la Federación Salud Mental Castilla y León, Jesús Corrales, han clausurado el XX Congreso estatal del movimiento asociativo Salud Mental España, que este año se ha celebrado en Ávila bajo el lema ‘Una vida en primera persona’, y en el que han participado 400 personas provenientes de toda España. Dos días de congreso a lo largo de los cuales el movimiento asociativo ha hecho un recorrido por las diferentes etapas vitales de las personas que tienen un problema de salud mental.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha incidido en la clausura de esta cita en torno a la discapacidad por enfermedad mental en la importancia del nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad que se desarrolla en Castilla y León, un modelo de atención socio-sanitaria que es pionero en España, que está basado en la coordinación entre sistemas como garantía en la atención y que pone a la persona como centro de dicha atención, garantizando la continuidad de cuidados y el acompañamiento permanente en los distintos momentos de su vida, de acuerdo con el proyecto vital que cada persona haya elegido para sí misma.
Este nuevo modelo está ordenado a través de las Directrices de funcionamiento del modelo integrado, que se aprobaron en octubre de 2016. La importancia de las directrices de este modelo radica en que se centran tanto en el proceso como en las prestaciones del ámbito social y sanitario; buscan la continuidad de los servicios integrados y el apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad por enfermedad mental durante el tiempo que lo precisen; garantizan la intervención de estas personas en el proceso de elaboración de sus proyectos de vida y establecen una red coordinada de servicios, recursos y programas de atención psiquiátrica, recuperación y soporte social que ayuda a estas personas a mantenerse y funcionar en la comunidad del modo más integrado y autónomo posible.
Para que cada persona, con los apoyos necesarios, pueda desarrollar su proyecto vital, este modelo de atención socio-sanitario establece cuatro fases: detectar la necesidad, valorar las necesidades sociales y sanitarias, asignación de prestaciones y seguimiento de cada caso. Junto a esto, dos instrumentos esenciales: el proyecto de vida de cada persona y el profesional de referencia, figura clave para cada persona en su atención y canalización de necesidades, demandas o problemas.
Tras las Directrices, el siguiente hito en el desarrollo del modelo llegó con la aprobación por parte de la Junta del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que da el salto de un modelo asistencial a otro centrado en los derechos de las personas y que contará hasta 2020 con cerca de 200 actuaciones, para lo que la Junta destinará más de 747 millones de euros. Este Plan desarrolla en sus líneas estratégicas aspectos tan importantes para las personas con discapacidad por enfermedad mental como la vida independiente, los procesos de envejecimiento activo y la formación y el empleo. Por último, la tercera referencia es que Castilla y León cuenta con un modelo de atención a la dependencia basado en la agilidad, la flexibilidad y la profesionalización en la atención a las personas.
El proceso de atención a través del modelo socio-sanitario, con financiación de Servicios Sociales y con atención sanitaria del sistema público, ha permitido a la Junta atender en 2016 a través de este modelo integral de forma específica a 3.511 personas con discapacidad mental: 241 personas en residencias, 294 en viviendas supervisadas, 626 participando en centros de día, 85 personas con servicio de asistencia personal, 131 con servicio de promoción de la autonomía personal, 709 con apoyos de los equipos de autonomía personal viviendo en sus domicilios y 1.425 personas a través de la realización de itinerarios personalizados de inserción laboral. A su vez, todas estas personas cuentan con un proyecto de vida.
Junto a este tipo de atención más especializa que aporta el modelo integral, otras personas con discapacidad por enfermedad mental son atendidas con recursos propios del sistema sanitario y con otros recursos de tipo social. A través de este modelo integral se está atendiendo a las personas con discapacidad por enfermedad mental que los profesionales socio-sanitarios consideran que necesitan este tipo de recursos. En todas las provincias existen equipos mixtos de profesionales del ámbito de los servicios sociales y de la salud mental que estudian las demandas de atención y establecen el plan de intervención más adecuado para cada persona.
Apoyo de la Junta al empleo de las personas con discapacidad mental
Uno de los principales ejes de trabajo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el apoyo a las personas con discapacidad es la formación y el empleo, la apuesta por el empleo para las personas con discapacidad como la mejor herramienta de igualdad, inserción y de integración. En esta apuesta destacan los itinerarios personalizados de inserción laboral.
A lo largo de 2016 fueron 1.425 las personas con discapacidad por enfermedad mental que participaron en estos itinerarios de inserción laboral, lo que hizo posible que 424 de ellas encontraran un empleo. Esto supone un porcentaje de inserción para personas con discapacidad mental de casi el 30 % de las que participaron en los itinerarios. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará en 2017 a apoyar los itinerarios personalizados de empleo para personas con discapacidad 5,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,8 % respecto a 2016.