Propone soltar trucha aroiris en algunos tramos de ríos y levantar algunas prohibiciones de especies catalogadas por motivos económicos.
El Partido Popular presentará iniciativas en todos los Ayuntamientos de España para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo -que incluyó en el Catálogo de Especies Invasoras algunas especies como la trucha arcoiris, la carpa, el lucio, el cangrejo rojo y el arruí- con soluciones compatibles con el empleo de los sectores de la caza, la pesca y el turismo rural.
Así, fuentes del PP han expresado a Europa Press su máximo apoyo a la lucha contra las especies exóticas invasoras pero el partido propone que estas sean gestionadas de una manera adecuada con el desarrollo socioeconómico sostenible de los municipios y en solidaridad con todos los municipios afectados.
Además, en la propuesta de moción que presentará de forma inminente para su tramitación en todos los municipios de España en los próximos meses, plantea instar al Gobierno a buscar soluciones que hagan compatibles la protección del medio ambiente con la actividad y el empleo de sectores cinegéticos, piscícola y demás sectores relacionados, de especial incidencia en el mundo rural.
En concreto, señalan que la idea es presentar la iniciativa en todos los consistorios para recabar apoyos a nivel nacional y volver a impulsar una propuesta en el Congreso de los Diputados, después del rechazo en el Pleno de la Cámara Baja a tomar en consideración una Proposición de Ley del PP para realizar una modificación legal el pasado 20 de junio.
Insisten también en que su objetivo es encontrar una solución para compatibilizar la protección del medio ambiente, de acuerdo con la citada sentencia del TS con la actividad y empleo de los sectores cinegético y piscícola allí donde las especies exóticas invasoras no supongan un problema ambiental.
El partido considera en un argumentario al que ha tenido acceso Europa Press que este es un asunto "especialmente sensible" para las comunidades autónomas y para la seguridad jurídica de los sectores afectados.
La modificación que realizó el TS implica la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos de varias especies para aprovechamiento piscícola o cinegético y según destaca el PP esto supone la imposibilidad de la práctica de caza y pesca deportiva de las citadas especies excepto en campañas de lucha y erradicación de estas.
En la sede de Génova, en Madrid, consideran que la situación generada con la aplicación de la sentencia dio lugar a que muchas de las actividades de pesca recreativa y deportiva tradicionalmente llevadas a cabo en las aguas continentales españolas quedaran fuera de la ley y que esto ha generado efectos socioeconómicos negativos, especialmente en comarcas en las que el turismo relacionado con la pesca es uno de sus ingresos principales.
Para el PP la abstención de C's y el rechazo del resto de grupos a su proposición de Ley ha condenado al mundo rural. Cazadores y pescadores también han anunciado movilizaciones en contra del rechazo de la iniciativa 'popular'. El PP defiende que su propuesta plantea seguir considerando especies exóticas invasoras a aquellas para las que exista suficiente información científica, pero recuerda que para incorporar especies a este listado y catálogo se debe tener en cuenta también la repercusión social, económica y laboral, los costes de la acción, de la inacción y las posibilidades de éxito.
Asimismo, quiere que se puedan mantener todas las modalidades de caza y pesca en todas las áreas ocupadas antes de 2007; prohibir el aprovechamiento de pesca deportiva en zonas ocupadas después de ese año y desincentivar las sueltas ilegales que, según admite, se siguen produciendo con frecuencia.
Abogan también los populares por permitir las sueltas de trucha arcoiris, pero solo en tramos muy concretos, donde se ha hecho tradicionalmente sin que se hayan detectado efectos negativos de importancia y con ejemplares sin capacidad reproductiva.
Igualmente, propone levantar algunas prohibiciones que afectan a especies catalogadas, en casos excepcionales y cuando exista un interés de primer orden, incluidos los motivos de naturaleza social o económica, aunque no precisa a cuáles se refiere.
Para la formación popular la pesca y la caza son motores de recursos económicos en zonas desfavorecidas y potencian el empleo en miles de pueblos que en su opinión, sin estas actividades estarían condenados a la desaparición y recuerda que el éxodo rural afecta a más de 4.000 pueblos de menos de 1.000 habitantes que si no tienen alternativas desaparecerán sin remedio.
Finalmente, señala que la pesca factura más de 3.000 millones de euros anuales en España y que desde la Sentencia del Supremo, ha cerrado el 25 por ciento de los establecimientos relacionados con la actividad piscícola y las ventas de material de pesca ha caído a la mitad.
En cuanto al material náutico y de embarcaciones asegura que ha bajado en más de un 70 por ciento y más del 75 por ciento de las contrataciones turísticas internacionales han sido canceladas. "Estamos cerrando la puerta al crecimiento social y económico del sector turístico de interior, que tanto han promovido durante muchos años muchas comunidades autónomas", concluye el argumentario popular.